"Sin una herramienta de una revisión tarifaria va a ser muy difícil asegurar el abastecimiento energético y de gas en la Argentina", sostuvo Aranguren, según el portal Ámbito.
La idea del Gobierno, explicó el funcionario, es reducir los costos de producción de energía para luego ofrecer tarifas más accesibles.
"Producimos 105 millones de metros cúbicos de gas, pero en invierno se consumen 160, así que importamos los 55 que faltan", afirmó.
El trece o catorce por ciento de la matriz energética del país depende de energía importada. Fue una ausencia de inversión en los últimos años lo que deterioró el servicio, por lo que "nos parecía más razonable subsidiar a la demanda y no a la oferta, como se hizo en los últimos 12 años", aseguró Aranguren.
"Este Gobierno llevó adelante las medidas de promover el ahorro energético, para premiar a quienes ahorraron en energía y gas, y una tarifa social para hacer frente a las necesidades de la población más afectada", añadió el funcionario.
Durante su comparecencia, Aranguren fue cuestionado por el senador del Frente para la Victoria Juan Abal Medina sobre la subida tan abrupta de las tarifas, y el ministro reconoció que "están aprendiendo sobre la marcha".
El funcionario prometió una política tarifaria especial para pymes y una ley "que está por reglamentarse para beneficiar a los clubes de barrio".
El ministro también fue consultado sobre la decisión de importar gas de Chile.
Sin embargo, diputados opositores denunciaron hace semanas al ministro por la compra de gas a Chile, que resultaba ser un 128 por ciento más caro que la importación de gas de Bolivia, principal proveedor del país.
La jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, reconoció este miércoles que el caso de Aranguren es "complicado". El ministro posee 16 millones de pesos en acciones (1,12 millones de dólares) de la empresa Royal Dutch Shell, cuando de 2003 a 2015 fue presidente de la filial argentina de la petrolera.
A principios de junio, Arangurem fue imputado judicialmente a raíz de una denuncia de dos diputados opositores, que lo acusaron de incumplir la ley de ética pública y los deberes de funcionario público dado el conflicto de intereses que genera su cargo con su participación accionaria en Shell.