En concreto, el fiscal acusa al magistrado de este caso de "haber construido un andamiaje sobre conjeturas y sospechas de gran calado y aplauso mediático" para sentar en el banquillo de los acusados a hija de Juan Carlos I.
Horrach criticó que esta instrucción se convirtiera "en una persecución" y se primase "la apariencia de la justicia por encima de la justicia" en base a "malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos" y la utilización del "fraude de ley" para mantener acusada a la infanta.
El fiscal también criticó al sindicato ultraderechista Manos Limpias, la única acusación que reclama una pena de cárcel para Cristina de Borbón.
En su intervención, el fiscal volvió a insistir en que ni la Infanta ni su exsecretario personal, Carlos García Revenga, persona de confianza del Rey emérito Juan Carlos I, no realizaron ninguna actividad en la entidad Nóos, pese a los cargos de directivos que ostentaban.
El letrado pidió que el sindicato ultraderechista pague las costas judiciales y se le imponga una sanción por "haber obrado con gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal".
Manos Limpias acusa a la infanta de "cooperadora necesaria" en dos delitos fiscales atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon.
El conocido como caso Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que dirigían Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, obtuvo más de seis millones de euros del erario público para organizar jornadas de turismo y deportes, pero sólo destinó 1,6 millones a este objetivo.
Manos Limpias pide para el marido de la infanta 26 años de prisión y el fiscal anticorrupción un poco menos, 19 años y medio de prisión para el cuñado del actual Rey de España.
Urdangarin está acusado de "prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda Pública".
Además de la pena de prisión, el cuñado del monarca se enfrenta a una multa de 3,5 millones de euros.
