El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, consideró que existen indicios suficientes para que Pérez Molina y Baldetti, junto a otros 10 imputados, sean sometidos a proceso penal.
El contrato firmado en abril de 2012 entre la filial de la firma española, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y la Empresa Portuaria Quetzal para la explotación por 25 años prorrogables de 34 hectáreas donde se construiría la terminal, implicó sobornos por unos 30 millones de dólares, de los cuales Pérez Molina y Baldetti recibieron la mayor parte, según la fiscalía.
La inversión estimada del proyecto era de 255 millones de dólares, y TCQ se comprometía a dotar al Puerto de Quetzal de nuevas capacidades tecnológicas y de seguridad.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, "desde enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura)".
Baldetti y Pérez Molina renunciaron a sus cargos, respectivamente, en mayo y septiembre de 2015 y están en prisión preventiva mientras se procesa otro escándalo, el de defraudación aduanera conocido como La Línea.
Sobre la ex vicepresidenta pesan también otras acusaciones y procesos.