Tras más de 12 horas de debate, el oficialismo consiguió que el proyecto de ley no fuera modificado en el Senado, así que la nueva ley entrará en vigor cuando el presidente argentino promulgue la medida que impulsó el Ejecutivo y que le permite llegar a un acuerdo con los fondos buitre.
El oficialismo del interbloque Cambiemos necesitaba el voto positivo de al menos 37 de los 72 legisladores que conforman la Cámara Alta, pero consiguió un apoyo mucho más holgado.
El jefe del FpV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, ya había adelantado que respaldaría el proyecto de ley, y dio libertad de voto a sus compañeros.
También aprobaron la propuesta once senadores del interbloque Federal, integrado por peronistas disidentes y miembros de partidos provinciales, además de otros cuatro legisladores de partidos minoritarios.
La nueva ley autoriza al Gobierno a endeudarse por 12.500 millones de dólares para pagar a los fondos buitre. El Ejecutivo emitirá bonos a cinco diez y quince años con tasas de interés del 7,5 por ciento.
La normativa deroga, entre otras, las leyes Cerrojo y Pago Soberano, una de las exigencias del juez estadounidense Thomas Griesa, al frente de la causa que avaló la demanda de los fondos buitre contra Argentina, para permitir un acuerdo entre el país y los acreedores.
A cambio de estos requisitos, el juez Griesa se comprometió a suprimir una cautelar que impide al país pagar a los tenedores de deuda que reestructuraron su deuda con los canjes de 2005 y 2010, aunque esta decisión depende en realidad de la Cámara de Apelaciones, que se estima emitirá su resolución en los primeros días de abril.
Desde comienzos de febrero, el Gobierno llegó a 21 principios de acuerdo con diversos acreedores, que en total tienen en sus manos el 85 por ciento de los bonos argentinos no canjeada. Esa deuda fue reconocida por Griesa en un fallo de 2012, motivo que esgrimió el actual Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre.