CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La CIDH "ha pedido a las autoridades, políticas y judiciales de Honduras, permitir que Gustavo viaje a EEUU a presentar su testimonio", adelantó Oscar Castro Soto, hermano del líder ambientalista que permanece refugiado en la Embajada de México en Tegucigalpa.
Castro está impedido de salir del país centroamericano a pedido de la Fiscalía, que investiga el atentado en el cual el activista mexicano fue dado por muerto por los asesinos, con una herida de bala en la oreja.
El hermano del sobreviviente ha revelado, además, que el exjuez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garsón, ha presentado un recurso de "amicus curiae" (amigo del tribunal), como garante de que el testigo continuará colaborando con las autoridades.
El hermano del testigo del crimen —perpetrado el 3 de marzo pasado, ha expresado su deseo de volver a México-, lamentó que la Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, "actúe de manera pasiva".
Castro Soto ha ofrecido en varias ocasiones sus testimonios a los investigadores y quiere regresar a su país; pero cuando lo intentó fue detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa, por orden judicial.
Los abogados del activista han presentado además un recurso de Habeas Corpus ante la Suprema Corte de Honduras, dijo su hermano.
El autor del manual ambientalista "La Mina nos extermina", colaboraba con las comunidades autóctonas que se oponen a proyectos de minería e hidroeléctricos, donde fue asesinada Cáceres, Premio Goldman 2015 de defensa del ambiente.
La angustia permanente
"Gustavo está en una angustia permanente y la incertidumbre de no saber por qué se le retiene para diligencias que no le han informado, a pesar de su entera disposición a colaborar", dijo vía telefónica su hermano, desde Tegucigalpa.
Un recurso de apelación también ha sido solicitado a la Corte de Apelaciones para revocar la limitación de libertades ordenada por una jueza, quien impide salir de Honduras al sobreviviente.
Otra solicitud ha sido presentada a la Fiscalía del caso, para que desista de su pedido de retener al sobreviviente en Honduras, dijo su hermano desde Tegucigalpa, donde también él mismo ha sido hostigado.
"A Gustavo se le han restringido su libertad en un país donde su vida está en riesgo", dijo su hermano.
Las autoridades solicitaron 30 días de retención en Honduras para hacer más diligencias, pero no han hecho otras averiguaciones, denunció Oscar Castro Soto.
El amparo contra la orden de una jueza plantea abolir la prohibición de salir de Honduras y el recurso de Habeas Corpus pide al máximo tribunal del país, establecer si la retención en el país es legal, cuando está en riesgo la vida del testigo.
Las únicas dos diligencias que se han practicado en la embajada de México en Honduras.
El Habeas Corpus o pedido de presentación personal, se solicita en casos de personas desaparecidas, presas, cohibidas de su libertad, o que corren riesgo su vida y debe ser rescatadas.
La Sala de la Constitucional ha enviado a dos jueces ejecutores a investigar el caso y espera una resolución en esta semana.
Los testimonios del testigo, según la CIDH, la comisión de DDHH de la ONU, el gobierno de México y el exjuez Garzón, se pueden recabar en México, en virtud de la abierta y probada disposición del testigo a colaborar.
"Gustavo padece una orden ilegal, las restricciones a la libertad no se aplican a un sobreviviente y testigo, no se le puede detener ni privar de su libertad de viajar a su país salir y moverse con todos su derechos", dijo Castro Soto, activista y exdirector de la Red Latinoamericana contra la Trata de Personas (2011-2014).
El líder ambientalista "no solo es testigo de un delito de lesa humanidad contra Berta Cáceres, sino víctima del mismo atentado, es parte afectada y no se le puede imponer una sanción", puntualizó su hermano.
El caso se grava por tratarse de un defensor de derechos humanos y el Gobierno de México debería elevar el diálogo con Honduras, dijo.
"El nivel diplomático actual no es adecuado para garantizar la protección de un testigo clave, se requiere una posición firme de la Cancillería", que solo ha pedido facilitar el retorno del mexicano añadió.
El proceso viola, finalmente, el tratado de asistencia mutua en materia penal que garantiza derechos de los testigos.
