CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno, la Fiscalía General y la jueza hondureña a cargo del caso, no han resuelto el pedido formal de la Cancillería de México, de permitir el regreso a su país de Castro Soto, donde puede seguir colaborando en las pesquisas, luego de sus extensas comparecencias ante los investigadores, dijo Galeano a esta agencia.
"Este martes hemos presentado un recurso legal ante la Fiscalía General y el Ministerio Público para que se desistan de su petición judicial de arraigo en el país, otorgada por la jueza", para retener a Castro Soto en Honduras, quien es testigo protegido del caso, señaló.
El jueves 10 de marzo pasado, México y el relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, pidieron a Honduras proteger y permitir el regreso a su país al sobreviviente del atentado, que resultó herido en el ataque de sicarios que entraron a la casa de la dirigente.
Irregularidades judiciales
La jurista defensora ya sufrió una orden de suspensión de su licencia por la misma jueza, quien alega "falta de respeto" a su investidura, y ha impedido salir de Honduras por 30 días al ambientalista mexicano, que resultó herido en el atentado a balazos perpetrado el jueves 3 de marzo pasado.
La acción jurídica de la defensa ante la Fiscalía, podría permitir el levantamiento de la alerta migratoria, argumentada con base en el derecho interno e internacional, explicó la abogada de Castro Soto.
A pesar de que no hay sospechas ni imputaciones contra el sobreviviente, —autor del libro "Las Aguas Negras de la Coca Cola" y del manual para ONG "La mina nos extermina"-, la Fiscalía ha hecho requerimiento de "prueba anticipada", que se ordena ante el temor de que una prueba de delito desaparezca.
Sin embargo, la limitación de la libertad se acerca a una condición de imputado, medida que se impone para personas acusadas en proceso penal, explicó la abogada.
El Gobierno de Honduras no ha respondido al pedido de México y la ONU, y solo ha emitido un comunicado en cual considera necesario que Castro Soto colabore.
Las siguientes acciones se presentarán ante el órgano jurisdiccional, una impugnación ante la Sala de Apelaciones y ante la Corte Suprema de Justicia, por la violación de los derechos del testigo.
Los recursos ante las medidas arbitrarias presentados deben resolverse en 24 horas o de urgencia, luego de que no han surtido efecto las "acciones de índole político", puntualizó.
Los dirigentes ambientalistas y defensores de los derechos de las comunidades indígenas estaban preparando una reunión con actores internacionales que llegarían a la comunidad, donde se están construyendo represas de generación de energía hidroeléctrica, vinculadas con explotación minera.
Cáceres era fundadora de la Coordinadora General del consejo cívico de organizaciones Populares e Indígena de Honduras (COPINH), y el ambientalista herido es director fundador de la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra en México y de la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Rios sus Comunidades y el Agua (Redlar).
