CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — "Los sicarios ya saben que no morí, y seguro estarán dispuestos a cumplir con su tarea", escribió Castro Soto en una extensa carta dirigida a sus familiares y organizaciones de Honduras y México con las cuales trabaja.
El fundador de la organización Otros Mundos /Amigos de La Tierra, basada en las comunidades indígenas de Chiapas, quien resultó con una herida de bala, advierte que "los sicarios que han asesinado a Bertha y que intentaron asesinarme siguen en la impunidad, mientras el Gobierno pretende socavar la memoria de Bertha, el honor y la lucha magnifica del COPINH", el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) que ella fundó en la defensa de la vida, los territorios y de los derechos humanos.
"Vi morir a Berta en mis brazos, pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPINH ha realizado", relató sobre la muerte a balazos de la dirigente galardonada en abril de 2015 con el prestigioso Premio Internacional Goldman por la defensa de ambiente.
Investigación contra el COPINH
El académico y activista social, autor del manual de movilización social “La mina nos extermina” asegura: “mis declaraciones les estorban para culpar a quienes quieren meter a la cárcel”.
Sobre el ataque perpetrado la madrugada del jueves, en la casa de la víctima, describe: “No escuché carros llegar ni irse cuando (ocurrió) el asesinato; el escenario del crimen fue modificado y alterado; las pruebas de sangre y otras dejaron líneas en blanco que luego pueden ser alteradas”, denuncia en un texto de más de 1.200 palabras, redactado el fin de semana, cuando fue impedido de salir de Honduras luego de testificar.
Las autoridades hondureñas “mandan a declarar a la mayoría a gente del COPINH y no a los sospechosos tiempo atrás de estar intentando asesinar a Berta”, revela el relato.
Los investigadores “llegaron para que viera fotos y videos e identificar al asesino que me encontré cara a cara, pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del COPINH, para que señalara quién de ellos había sido”.
En la diligencia lo vistieron “con una túnica negra hasta los talones y con una capucha negra”, denuncia el conocido co-fundador de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), cuyas fotografías han sido difundidas por sus compañeros.
El sobreviviente señala como móvil del crimen la lucha de la dirigente indígena “contra más de 40 proyectos hidroeléctricos; contra decenas de proyectos mineros, y una lucha por recuperar sus territorios en más de 50 puntos de su región ancestral y tan hermosa como es la hondureña”.
Sin embargo, los agentes de la Fiscalía “no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios; en lugar de dos horas, fueron 4 horas de fotos y más preguntas de las mismas”, dice la carta.
Las autoridades “solo quieren indagar lo interno del COPINH para despedazarlo y acabar con una de las principales luchas y más emblemáticas de Honduras en los últimos 20 años”, denuncia Castro Soto.
El asesinato podría “significar para muchas empresas e intereses la oportunidad para avanzar sobre sus territorios”, alerta el ambientalista.
“No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas” por su la dirigente indígena, “pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenca que se enfrenta día a día, palmo a palmo disputándose el territorio contra las grandes transnacionales”, asegura el también autor del libro “Las aguas negras de la Coca Cola”.
Cáceres y Castro Soto preparaban una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, escenario de un gran proyecto hidroeléctrico y minero.
