
Según el demandante, tras las filtraciones, "el blanqueo de capitales no continuó".
La denuncia fue expedida por el fiscal Cássio Conserino quien determinó que el expresidente y sus familiares más próximos se habrían beneficiado de un lujoso triplex en la localidad costera de Guarujá que fue supuestamente utilizado como forma de soborno por la constructora OAS, una de las que actuaron en la red de corrupción en torno a la petrolera semiestatal Petrobras.
Ahora, la decisión de aceptar o archivar la denuncia dependerá de la jueza, Maria Priscila Veiga Oliveira, que en caso de aceptarla tendrá en sus manos el poder para imputar o incluso ordenar la prisión preventiva del líder del PT aunque, en realidad, todo dependerá de la respuesta a la solicitud de la defensa de Lula al Tribunal Supremo Federal (TSF) señalando la duplicidad de investigaciones entre el Ministerio Público Federal y de Sao Paulo.