Inmediatamente, el Instituto Lula, fundación que gestiona las comunicación del expresidente, se apresuró a negar las acusaciones en un comunicado en el que se negó la propiedad del apartamento por parte de la familia Lula da Silva y, por tanto, cualquier irregularidad ya que en ningún momento habrían recibido cualquier tipo de pago por sus supuestos delitos.
Cabe recordar que, el pasado 26 de febrero, la defensa de Lula había solicitado al TSF la suspensión de las investigaciones realizadas en su contra tanto en el Ministerio Público Federal como el Ministerio Público de Sao Paulo señalando que no podía existir una duplicación de las investigaciones sobre el apartamento de la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, y que vincularía al expresidente a la empresa OAS, una de la investigadas en la Lava Jato.