El organismo de expertos en rendición de cuentas llamó a que "las autoridades tanto federales como estatales para que se responsabilicen por las deficiencias identificadas desde hace años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en sus penales".
Esa ley tiene el potencial de mejorar las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los internos, dice el organismo civil en un pronunciamiento emitido la noche del jueves.
México Evalúa recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal) había emitido alertas en torno a "vulnerabilidades en la seguridad en la cárcel de Topo Chico", que fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades estatales de Nuevo León.
Desde hace al menos un lustro, Topo Chico, que concentra la mitad de la población penitenciaria del ese estado, un polo industrial del norte del país, "presenta debilidades estructurales en condiciones clave como su gobernabilidad.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la CNDH, la cárcel de Topo Chico constituía "un claro foco rojo".
El personal de seguridad y custodia de la cárcel en la zona urbana de Monterrey (850 km al norte de ciudad de México) era insuficiente (calificación de cero), los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de cero) y se encontraron sustancias y objetos prohibidos (calificación de 1,63).
Finalmente las autoridades no tenían, en resumen, ningún control sobre lo que ocurría al interior del centro "ya que la calificación relativa al control de seguridad fue de 2,19", puntualiza el reporte.