“Es una tragedia que estaba anunciada, ese penal ha tenido muchísimos problemas por sobrepoblación y desgobierno, llegó a tener el 100 por ciento más de reclusos que su capacidad, ahora estaba en un 60 por ciento sobrepoblación, una situación ingobernable”, dijo el directivo del organismo ciudadano.
La prisión localizada en la zona metropolitana de Monterrey (a 850 km de Ciudad de México), capital del estado de Nuevo León, en un polo industrial del norte del país latinoamericano, había unos 3.800 reos, mientras que su capacidad máxima original es de 2.500 reos, pero llegó a tener más de 5.000 reclusos, explica director del IMDHD y exsacerdote jesuita.
La Comisión Nacional de DDHH (ombudsman federal) hace desde hace 8 años visitas permanentes a los penales la CNDH, emite reportes bianuales sobre la situación carcelaria del país; y había alertado que este penal era uno de los que tenían enorme riesgo.
La CNDH ya había prendido las alarmas: “Topo Chico estaba controlado por los presos en un autogobierno ilegal”.
Eso significa que ese penal “no estaba sometido a la ley ni a las autoridades sino a los intereses del crimen organizado”, dice el directivo del IMDHD.
La tragedia ocurrió en un penal muy viejo y deteriorado, de más de 70 años, construido a mediados del siglo pasado, “ahora está en situaciones deplorables en términos de infraestructura y servicios”, añade el experto.
Ese penal no recibió atención desde 2008, cuando se modificó la Constitución con una reforma de Seguridad y Justicia, que actualizó el Artículo 20 de la Carta Magna para que el sistema carcelario trabaje en función de la reinserción social de los presos: "en ocho años no ha hecho nada para cumplir ese mandato", lamenta Cortez..
"Hay responsabilidad ante un mandato que es ignorado, incluye al Presidente de la República (Enrique Peña), al Sistema Nacional de Seguridad y a las autoridades federales y estatales encargadas", apunta el responsable humanitario.
Autogobierno carcelario
El autogobierno "es una irregularidad absoluta, significa que, de facto, grupos de presos tienen el control del penal, establecen quién entra y quién, qué se vende, y cómo se trafica, dentro de las prisiones".
El problema estalla cuando llegaron reos de los Zetas a disputarlo hace un par de años, y las autoridades no podían tomar el control de hecho del penal, Cortez.
En los penales de México existe "un Estado de excepción de facto, grupos de presos con uso de fuerza, armas y violencia controlan la vida interna de los penales, mientras la autoridad solo mantiene una ficción de aparente legalidad pero no controla nada".
Los internos llegan a tomar el mando y se vuelven "señores de horaca y cuchillo", explica. Los criminales siguen delinquiendo "cometen todo tipo de ilegalidades, extorsionan vía telefónica, con apoyo externo, y controlan el tráfico de drogas ilegales alcohol y prostitución" dentro de las cárceles.
"Damos capacitación a los mandos policiales, pero las instituciones no tienen ningún para mecanismo de verificar si se aplican los principios, el riesgo es que todo termine en una simulación", puntualiza Edgar Cortez.
Hasta el último informe presidencial en diciembre de 2015, en México había unos 260.000 presos, de una población total de 122 millones de habitantes, es decir un preso por cada 470 habitantes.
En comparación, en EEUU, país con el mayor porcentaje de población en prisiones, hay un preso por cada 140 habitantes, en España es de uno por cada 670, y en Finlandia uno por cada 1.700, aproximadamente, según los expertos en DDHH.
