En un cuento de 1968, "¿Existe verdaderamente Mr. Smith?", el escritor polaco Stanislaw Lem refiere la historia de un corredor de autos que enfrenta la demanda de una compañía cibernética por el impago de varias de las diversas prótesis que lleva en su cuerpo en sustitución de los órganos y miembros maltrechos o perdidos por infortunios en su profesión. El hombre presenta tantas modificaciones en su anatomía que el juez que lleva el caso no sabe si el demandado es todavía un ser humano con derechos inalienables o un "cyborg" que no puede ser sujeto de querella alguna.
El cuento de Lem regresó a mi memoria el pasado 5 de febrero, día en que se festejó el 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tantas han sido las modificaciones que su texto ha sufrido a lo largo de su longeva existencia —es la Constitución vigente más antigua de América Latina y la novena a nivel mundial- que resulta pertinente aceptar la duda expresada por muchos juristas acerca de si la actual Carta Magna sería reconocible por quienes hace casi un siglo, en el " Gran Teatro de Iturbide" de la ciudad de Querétaro ("Teatro de la República" desde 1922), establecieron los 136 artículos que hasta hoy rigen jurídicamente al país y en los que alcanzaron rango constitucional muchas de las reivindicaciones que apenas unos años antes habían hecho estallar la Revolución Mexicana de 1910, entre ellas las concernientes a la educación, la reforma agraria, los derechos de los obreros y la laicidad del Estado.
Se entiende que las transformaciones del corpus social deben tener sustento en el máximo corpus legal del país, que la Carta Magna debe dar certidumbre jurídica a lo que el entendimiento social ya ha autenticado; pero se entiende asimismo que una Constitución debe exponer solamente los preceptos esenciales para el ordenamiento social, no ser el receptáculo de iniciativas de cualquier índole, muchas de las cuales tendrían cabida en sistematizaciones legales de otro tipo. De ahí que parezcan un despropósito las poco más de 600 reformas constitucionales que a la fecha se han integrado al texto aprobado aquel lejano 5 de febrero de 1917; de ahí que muchos cuestionen si acaso no sería mejor declarar una suerte de moratoria en materia de reformas constitucionales o convocar de una vez por todas a una asamblea constituyente que dote al país de una nueva Carta Magna.
Por su condición de pionera en variadas cuestiones sociales, por la sostenida integridad de su esencia jurídica, esa que da certeza de la existencia de México como nación soberana, bien merecen los constituyentes de 1917 que desde ya el país se prepare para festejar el próximo año el centenario de los sueños plasmados por ellos en la Constitución de sus desvelos; sin embargo, más allá del debate entre reformar o renovar la Carta Magna de los mexicanos, la ocasión también es propicia para recordar que los derechos y libertades que la misma refrenda tienen su "lado oscuro" en las muchas desigualdades sociales que a casi cien años de aquel visionario ordenamiento legal siguen afeando el rostro del México contemporáneo. Sólo así se evitará que algún día cobren vigencia las palabras publicadas hace un siglo por Ricardo Flores Magoon en el periódico "El hijo del Ahuizote" para condenar los festejos, otro 5 de febrero, de la entonces vigente "Constitución de 1857":
"[…] ¿para qué recibir esa fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que han vejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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