Rusia emplaza a Damasco y oposición a anteponer el interés nacional sirio

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Rusia se esforzará para que las delegaciones del Gobierno y la oposición de Siria en Ginebra antepongan el interés nacional a sus ambiciones, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Nos vamos a esforzar para que tanto las dos delegaciones de la oposición como la delegación del Gobierno no se rijan por la ambición política propia sino por el interés del pueblo sirio", aseveró.

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Para ello es necesario, según Lavrov, "atenerse a la sólida base de documentos aprobados por la comunidad internacional y el más importante de ellos, la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU".

El jefe de la diplomacia rusa lamentó la presencia entre la delegación opositora de "individuos volubles que empiezan a plantear condiciones preliminares" diferentes a lo acordado en las anteriores rondas de negociaciones sobre Siria.

A este respecto, el canciller instó a que los países que tienen influencia sobre la oposición siria presionen para que dialogue sin condiciones previas.

"A nosotros siempre se nos ha pedido ejercer influencia positiva sobre el Gobierno sirio; hemos cumplido con todos nuestros compromisos al respeto, la delegación (de Damasco) acudió a Ginebra sin problemas y fue la primera", subrayó.

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Al referirse a los contenidos de las negociaciones intersirias que arrancaron en la ciudad suiza el pasado viernes, Lavrov insistió en la necesidad de debatir "todas las cuestiones que se mencionan en el contexto de la crisis siria".

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Las conversaciones de Ginebra se celebran conforme a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU y, según lo previsto, tendrán una duración de seis meses.

Esta resolución, aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad el pasado 18 de diciembre, fija también un plazo de medio año para que se establezca en Siria un Gobierno "creíble, inclusivo y no sectario", así como un calendario y un proceso para la redacción de una nueva Constitución.

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También contempla que se celebren elecciones libres y justas, de conformidad con la nueva Constitución, dentro de un plazo de 18 meses y bajo la supervisión de las Naciones Unidas.

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