El magistrado, con una experiencia de 32 años investigando delitos de terrorismo en España, no cree que la guerra sea el camino idóneo para acabar con el Estado Islámico (Daesh, en árabe, proscrito en Rusia y varios países más).
¿Cómo ha visto a Julian Assange en su última visita?
¿Cuál es el próximo paso de su defensa?
Estamos a la espera de recibir una comunicación ante la denuncia que presentamos porque la Fiscalía británica aconsejó a la sueca no practicar el interrogatorio de Assange en Reino Unido. De momento no se ha recibido formalmente una comunicación más allá de la insistencia de continuar el procedimiento.
Sí se ha comunicado a las autoridades británicas que varios de los cargos habían prescrito y estamos a la espera de que se concrete el acuerdo de cooperación jurídica internacional entre Ecuador y el reino de Suecia.
¿Considera que los casos de Assange y de Edward Snowden son similares?
El caso Assange lleva más tiempo y en una situación que no tiene ningún tipo de salida, que es más compleja, porque no se trata solo de un asilo si no que hay un tercer país que es Suecia, que reclama su entrega y otro país como EEUU que está adelantado un proceso secreto en este momento contra él. Además, el impacto que tuvo la publicación de Wikileaks es lo que ha llevado a esta situación en la que la indefensión de Julian es absolutamente clave.
Snowden tiene un perfil diferente, pero tanto en un caso como en otro están en juego unos valores muy esenciales, especialmente con Assange, como son "el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión que claramente se ve menoscabado.
¿Usted pide que se incluyan los delitos económicos y medioambientales en la Justicia Universal?
Estamos proponiendo lo que denominamos los nuevos principios de la jurisdicción universal con la extensión de este mecanismo no solo en los ámbitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad clásicos, sino también a una nueva visión en la que otros bienes jurídicos pueden estar en juego y que también afectan a la humanidad como son los delitos económicos y medioambientales.
El próximo año vamos a incidir en ello con publicaciones teóricas que den consistencia a los mismos principios para ir sometiéndolos al debate jurídico en la comunidad internacional. Más pronto que tarde este va a ser uno de los temas principales de debate y vamos a conseguir que estas materias queden definidas.
¿España limitó, sin embargo, la Justicia Universal?
La derogación de la legislación a través de una nueva ley en 2014 casi eliminó la jurisdicción universal en el sentido en el que venía aplicándose hasta entonces en España. Antes se podía perseguir cualquier tipo de delito que entrase dentro de la categoría del genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de guerra, con independencia del lugar donde se hubiese cometido y de la nacionalidad de las víctimas siempre que hubiera imposibilidad de investigar en otro país.
¿La acción militar es la mejor respuesta para combatir al Estados Islámico?
Creo que la guerra no es el camino idóneo para acabar con el Estado Islámico. Para luchar contra el yihadismo es fundamental la investigación de los mecanismos financieros, del tráfico de armas, especialmente cuando hemos conocido que las armas se compraron en Alemania, y Alemania no es Irak.
Opino que no se ha hecho lo suficiente para investigar el origen del EI precisamente porque se ha dado prevalencia a lo más fácil, que es acudir a la guerra y a la acción militar.
¿Por qué se ha recurrido sólo a la fuerza?
Siempre es más difícil la cooperación, la coordinación, el poner en común las voluntades y es más difícil porque existe una desconfianza entre los distintos países y sus mecanismos de investigación, de información y de cooperación que tiene que ser superada.
Cuando se actúa militarmente la dinámica de terror o de convicción por parte del Daesh va a continuar, se manifestará de una u otra forma, pero va a continuar, por tanto creo que la coordinación de esfuerzos no puede ser exclusivamente militar, sino que tiene que ir mucho más en profundidad".
¿Hay que cambiar las leyes antiterroristas?
Creo que ley antiterrorista vigente en España es capaz de haber frente al fenómeno yihadista. Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 que dejaron cerca de 200 muertos en Madrid no hubo modificación de las leyes penales o procesales.
Con los instrumentos que entonces se tenían se dio una respuesta ágil y contundente tanto en el ámbito policial como judicial, dictándose una sentencia con todas las garantías y habiendo llevando a prisión a los que tenían que ir. Se respondió a la sociedad legalmente y desde entonces no ha habido más hechos similares, aunque el terror se puede repetir.
Creo que es un mal sistema es el que legisla al calor de lo que acontece. Responder con modificaciones y con degradación de derechos consolidados es muy peligroso, porque nos deja en manos de la reacción más atávica.
Estoy convencido que se puede conseguir mayor seguridad sin detrimento alguno de las libertades.