Las casas de los que cometan ataques —donde viven sus familias- se demolerán y en su lugar no se podrá reconstruir nada. Se confiscarán las propiedades del atacante y se revocará su derecho de residencia permanente en Jerusalén, cuya parte este, la palestina, está ocupada por Israel.
Los palestinos de Jerusalén no tienen nacionalidad israelí —excepto algunos que la solicitaron voluntariamente- sino tarjeta de residencia. Habitualmente pierden de forma ilegal su derecho a residencia si están fuera del país más de tres años.
El Gobierno decidió también que el Ejército refuerce a la policía en las ciudades y las principales vías de comunicación y se empleará a 300 guardias de seguridad para asegurar los transportes públicos en Jerusalén, lo que costará 80 millones de shekels (unos 18 millones de euros).
Según medios de comunicación israelíes, cerca del 80% de los que han cometido ataques desde el 1 de octubre son palestinos de Jerusalén este.