“Si logramos dar este paso podríamos ser parte del concierto de países que respetan los derechos de la mujer; si no lo conseguimos, vamos a formar parte de los países subdesarrollados independientemente de que tengamos buenos indicadores en otras áreas”, argumentó Dides, directora de la organización Miles Chile, que promueve los derechos sexuales y reproductivos.
Dides aseguró que “han sido largos años de lucha contra los sectores más conservadores, de hacer entender a la gente que las mujeres tienen derecho a decidir porque es su cuerpo el que se expone a un embarazo”.
Pero aún queda pendiente la aprobación de la última causal que se refiere a los casos de violación, el que más controversia ha generado entre el Gobierno y uno de los partidos que forman parte de la coalición gobernante, la Democracia Cristiana (DC).
En opinión de Dides, “la manera de pensar de los legisladores es muy conservadora aún y están influenciados muy fuertemente por la Iglesia Católica”, uno de los fundamentos de “por qué la DC no está aceptando esta tercera causal”.
Es “lamentable” que un partido que forma parte del Gobierno sea “desleal con el propio programa que firmaron”, agregó la activista.
El aspecto más ríspido es la edad gestacional límite para interrumpir el embarazo en este caso, ya que el Gobierno propone hasta 18 semanas de embarazo y la DC 14.
"En esa discusión no están considerando que las niñas y adolescentes que son violadas en el hogar, dentro del núcleo familiar, suelen acudir al consultorio de salud cuando están embarazadas de unas 20 semanas, nunca llegan cuando están de 12 semanas, lo hacen muy tardíamente", indicó Dides.
Otros dos aspectos complejos tienen que ver con la denuncia policial de la violación y con el acompañamiento.
"Parte de la DC solicita que la mujer denuncie ante la policía y nosotros decimos que no sea un requisito, porque solo un pequeño porcentaje de las mujeres en América Latina que sufren violencia sexual denuncian", señaló la directora de Miles Chile.
Por eso las ONG que luchan por la despenalización del aborto proponen que "primero se atienda a la mujer y luego, si ella quiere, que denuncie la agresión".
Respecto del acompañamiento profesional, las activistas plantean que en lugar de ser disuasivo "tiene que ser pre y posaborto, al igual que sucede en otros países" y no para impedir "que las mujeres" decidan libremente.
Dides considera que se ha naturalizado la idea de que las mujeres han de ser una especie de mártires y soportar todo tipo de abusos.
Además, el Parlamento chileno está mayoritariamente integrado por hombres, observó y es lamentable que "no se pongan en el papel de las mujeres".
Las reformas deben pasar también por el estudio de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, antes de ingresar al pleno de la Cámara Baja, que tiene previsto votarlo el 7 de octubre.
El proyecto ingresó a la Comisión de Salud el 31 de enero y fue aprobado en general a comienzos de agosto, solo con los votos de los ocho legisladores de la coalición gobernante Nueva Mayoría, de centroizquierda.
Chile es uno de los pocos países del mundo y de la región que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, a pesar de que se practican unos 70.000 abortos por año, según el informe 2014 de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
