"Este Gobierno no ha tenido una política clara de derechos humanos, y lo más importante es que tampoco se han cumplido los compromisos que se anunciaron en el programa", dijo Pérez, coordinadora ejecutiva de la organización Londres 38.
"El Gobierno ha sido más bien reactivo frente a los procesos judiciales y a las demandas de las organizaciones; ha habido una falta de priorización de los temas de derechos humanos", agregó.
"Aún falta verdad por conocer y justicia por aplicar", aseguró Bachelet al hablar en una ceremonia religiosa en memoria del fallecido presidente Salvador Allende, quien se suicidó el 11 de setiembre de 1973 resistiendo el golpe de Estado del general Augusto Pinochet.
"Debemos derribar los muros de silencio que nos impiden avanzar", añadió, en referencia a la negativa de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura.
Para la coordinadora de Londres 38, "es super claro" lo que debe hacer el Gobierno "en materia de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder político".
"Eso significa que si hay información –y nosotros tenemos constancia que existe esa información tanto a nivel de archivo, como la que manejan funcionarios del Estado—, el Gobierno tiene que solicitar su entrega inmediata", enfatizó.
Apuestas a un nuevo organismo
La administración está trabajando en una "agenda" cuyo objetivo es "abordar el pasado, para más verdad, más justicia y más reparación", dijo Bachelet en un discurso pronunciado en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) y transmitido por el sitio web de la Presidencia.
El proyecto para crear la Subsecretaría de Derechos Humanos fue ingresado al Congreso en 2012 por iniciativa del expresidente Sebastián Piñera, pero no prosperó.
La propuesta fue retomada por la coalición gobernante Nueva Mayoría (centroizquierda), durante la última campaña electoral, y presentada al parlamento en enero de 2014.
La Cámara de Diputados aprobó su creación en agosto, pero todavía resta la votación en el Senado.
Existe "una tensión bien importante" en relación al nuevo organismo, ya que si bien su estructura y algunos de sus cometidos están casi totalmente definidos, todavía no se ha resuelto la asignación de recursos para su funcionamiento, observó Pérez.
"Creas la estructura, pero no una política clara, (lo) que genera esto de que vamos arreglando los puntos de desacuerdo" sobre la marcha, criticó la activista.
La subsecretaría "es una cosa más formal que real en términos de establecer una política" de derechos humanos, agregó.
En Chile hay 1.073 militares procesados por delitos de lesa humanidad, de acuerdo a datos de las organizaciones de derechos humanos.
Solo 281 de estos han recibido sentencias, y entre los condenados 75 están actualmente cumpliendo prisión efectiva, en muchos casos con beneficios como salidas dominicales y reducción de penas.
Los 206 restantes recibieron condenas menores a cinco años y un día, por lo que gozan de libertad vigilada.
