"Los militares tienen beneficios que los hacen ser parte de una élite respecto de la sociedad chilena en su conjunto", dijo Pérez, socióloga de profesión.
Según la coordinadora de Londres 38, que agrupa a exdetenidos, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados y exmilitantes y militantes de izquierda, el hecho que los militares estén recluidos en cárceles especiales, donde detentan mayor rango que quienes los custodian, es "también preservar este sistema de impunidad".
Para terminar con algunas de estas condiciones especiales, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se apresta a analizar distintas iniciativas que buscan derogar o eliminar leyes aprobadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
De acuerdo a Pérez, "no solo es que pierdan los grados, sino también una serie de beneficios que tienen las Fuerzas Armadas".
La activista recordó que los uniformados que cumplen penas de prisión por violar derechos humanos continúan cobrando sus pensiones y tienen acceso gratuito a servicios de salud.
"Está permitido que muchos de ellos mantengan negocios o, como ocurrió, que hayan podido comprar terrenos mientras están encarcelados", agregó.
Pérez se refirió también a los "beneficios simbólicos", como el hecho de que el salón principal de la Escuela Militar lleve el nombre de Pinochet.
Según una encuesta publicada este lunes por la consultora Cadem, que entrevistó a 3.500 personas de todo el país, 80% de los consultados estuvieron de acuerdo en que los militares condenados por delitos de lesa humanidad cumplan su condena "en una cárcel normal con delincuentes comunes".
En tanto, el 17% de los encuestados opinaron que deben estar "en una cárcel especial solo para militares".
A su vez, el 78% estimó que debería cerrarse el Penal de Punta Peuco, donde están recluidos los militares implicados en crímenes de la dictadura.
PACTOS DE SILENCIO
Pérez se refirió también a la "falta de voluntad política" para terminar con el "pacto de silencio" de las Fuerzas Armadas luego del fin de la dictadura.
Este "pacto de impunidad" ha llevado "a la negligencia de parte de las autoridades para la promulgación de leyes y para el avance de la justicia, que en Chile ha sido reducidísimo", añadió.
Otra iniciativa a debatir en la Comisión de Derechos Humanos, vinculada a este asunto, es la derogación de la ley 18.771 de 1988, que faculta a las Fuerzas Armadas a eliminar sus archivos sin necesidad de aprobación del Poder Ejecutivo.
El proyecto, impulsado entre otras organizaciones por Londres 38, busca impedir la destrucción de documentos militares, policiales y de seguridad del Estado y obligar a esas instituciones a enviar la documentación al Archivo Nacional.
"Es un tema que tiene que ver no solo con las violaciones a los derechos humanos en el pasado, sino también con la transparencia que debe existir y el control ciudadano respecto al gasto militar", explicó Pérez.
Asimismo se procura derogar el artículo 15 de la ley 19.992, que determina el secreto por 50 años de los antecedentes entregados por las víctimas a la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo en una columna publicada este lunes en el sitio web de la entidad que "la prohibición o secreto sobre los antecedentes Valech constituye un obstáculo" para hacer justicia puesto que "la información que podría ser valiosa para avanzar en causas judiciales no puede ser conocida por nuestros tribunales".
La ley 19.992 hizo regir la prohibición de divulgar esos antecedentes para toda "persona, grupo de personas, autoridad o magistratura", pero reconoce el "derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia".
La Comisión Valech fue creada en 2003 por el entonces presidente Ricardo Lagos con el fin de recopilar un listado de víctimas de prisión y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Su nombre fue en honor del obispo Sergio Valech, que la presidió hasta 2010, cuando falleció, y estuvo conformada por juristas, políticos y expertos en derechos humanos.
