Durante años el gobierno del norteño estado de Coahuila ignoró el drama de los desaparecidos hasta que un día admitió que en aquel extenso desierto fronterizo con Texas, gobernado por el PRI del presidente Enrique Peña, hay al menos 1.500 desaparecidos desde 2007.
El 21 de febrero de aquel año, a sus 23 años, el ingeniero industrial Daniel Cantú Iris, junto con su jefe, un empresario dedicado a la producción de mármol, vinculado a la izquierda electoral, Héctor Francio León García, y un sobrino de éste, se sumaron a la difusa lista de vidas perdidas sin un final conocido.
Ahora son parte de los más de 23.000 mexicanos "sin localización", que México recuerda en el día internacional del Detenido Desaparecido.
Luego de pernoctar en un hotel Fiesta Inn, el miércoles 21 de febrero, Daniel envió su último mensaje de texto a su padre: "Pasó el jueves y no se comunicaba, entonces nos alarmamos".
En la mina se perdía la señal de celulares. Doña Diana llamó al teléfono rural: "no habían llegado".
La madre recuerda así el primer día de una angustia que ha durado ocho años.
"Fuimos a poner la denuncia hasta el domingo 25 de febrero –recuerda la fecha exacta-, la familia del empresario también denunció en Torreón, pero dos años después ya no quisieron saber nada más, tenían mucho miedo".
"Pensábamos que se trataba de un secuestro, esperábamos el pedido de rescate, pero jamás llegó, las autoridades ni siquiera han encontrado la camioneta en que viajaban".
Ninguna madre mexicana de clase media norteña, que ha educado a sus hijos con una carrera profesional, imagina una tragedia así seis meses después de ver graduarse a su hijo.
"Pensábamos que nunca nos iba a pasar algo así, él ha sido un excelente deportista, ciclista juvenil, dos veces campeón nacional por Coahuila", dice la madre con un notable presente al contar la historia de su hijo.
La esperanza de que sólo fuera un secuestro por dinero se convirtió en desesperación y agravio: "el Procurador de Coahuila estigmatizó a mi hijo, me preguntaba si no tenía conductas raras, si no portaba mucho dinero, fue una ofensa muy fuerte".
"Comencé a caminar en solitario, tenía miedo de ponerlo en riesgo a él y sus dos hermanos, es el segundo de mis tres hijos", dice.
"Investigamos, supimos que su jefe tenía una posición alta, con intereses políticos de izquierda, pero esa línea de investigación no se ha indagado, porque ahora su familia ya no quiere saber nada, porque su desaparición les causó problemas".
"Yo sí busco a mi hijo; y por fortuna en 2010 me enteré que el obispo Raúl Vera de la diócesis de Saltillo había organizado una reunión con madres de desaparecidos; volví con mucha admiración y consternada del sufrimiento de otras madres".
El dolor se ha multiplicado pero la esperanza también: "uno como católico creyente se refugia en Iglesia; comenzamos cuatro familias, que buscábamos a 21 familiares, ahora somos 50 familias y buscamos a 324 personas".
"El gobernador Rubén Moreira nos ha dado gestos de voluntad, desde 2013 tenemos reuniones periódicas cada dos meses con el Procurador del Estado, y nada, puras palabras".
La madre de Daniel ha viajado dos veces a Washington, ante la Comisión Interamericana de DDHH, y ante el relator de la ONU del Comité contra la Desaparición Forzada.
En México, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa abrió los ojos a buena parte de la sociedad: "pero sin verdad no habrá justicia".
"Los buscamos para que el tiempo no borre los rostros de nuestros hijos, para que el olvido jamás llegue, para que nunca se repita y nadie más sufra nuestra tragedia", termina su testimonio.
