El caso Berríos se produjo en democracia y provocó un gran escándalo porque reveló que prevalecía la cooperación entre aparatos militares de Chile y Uruguay implementados durante las dictaduras de los años 70.
La condena principal, emitida este martes por la Suprema Corte de Justicia de Chile, recayó sobre el mayor Arturo Silva Valdés, sentenciado a 15 años de prisión como autor de secuestro con homicidio y a cinco años por asociación ilícita, informa el diario La Tercera.
El general retirado Hernán Ramírez Rurange fue sentenciado asimismo a 10 años de reclusión como autor de secuestro y a 10 años por asociación ilícita.
Los demás convictos recibieron penas de 10 o de cinco años por diversos grados de responsabilidad en el secuestro de Berríos y en la asociación ilícita para cometer los delitos. Ninguna de las penas recibe beneficios de excarcelación por los años de encierro ya cumplidos por algunos procesados.
El cadáver de Berríos, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, apareció enterrado en una playa de Uruguay en abril de 1995, y se estima que murió entre noviembre de 1992 y marzo de 1993.
Precisamente en febrero de 1993, el todavía comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, Pinochet, visitó Uruguay y apareció escoltado por el coronel uruguayo Tomás Casella, quien fue condenado este martes a 10 años de cárcel por el secuestro de Berríos y a cinco años y un día por asociación ilícita.
La salida de Berríos de Chile, en octubre de 1991 y con documentos falsos, fue preparada por militares de ese país para evitar que declarara en las primeras investigaciones que se llevaban a cabo sobre crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), indican las investigaciones judiciales.
Berríos, notorio por su labor en la fabricación de gas sarín, estaba al tanto de varios delitos en los que incluso podía estar implicado Pinochet, según el investigador Jorge Molina Sanhueza en su libro "Crimen imperfecto".
Luego de un pasaje por Argentina, Berríos se instaló en Uruguay, donde contaba con protección de militares uruguayos, hasta que en algún momento de 1992 se rompió la relación con sus protectores, que pasaron a ser captores.
Luego de un confuso episodio en el que Berríos pidió protección en una estación de policía de un balneario de Uruguay, de donde fue sacado por un grupo de militares uruguayos y chilenos, su rastro se perdió hasta el hallazgo de su cadáver en 1995.
Los otros dos militares uruguayos condenados son Eduardo Radaelli (10 años por autoría de secuestro y 800 días por asociación ilícita) y Wellington Sarli (cinco años por cómplice de secuestro y 60 días por asociación ilícita).
El caso Berríos generó en Uruguay crisis en mandos policiales y militares e implicó un abierto desacato castrense al Gobierno democrático de la época, presidido por Luis Alberto Lacalle. Pero las investigaciones judiciales en este país no prosperaron y fueron archivadas.
La causa tuvo otra suerte en Chile, donde el juez Alejandro Madrid obtuvo en 2006 la extradición de los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El plan de fuga, ocultamiento, secuestro y asesinato de Berríos es para algunos analistas una de las últimas operaciones de coordinación trasnacional del Plan Cóndor, de la que habrían participado uniformados de por lo menos dos países que ya vivían en democracia.
El Plan Cóndor fue una coordinación de regímenes autoritarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que funcionó en las décadas de 1970 y 1980 para perseguir, detener y eliminar a opositores. Su presunto creador, el general chileno Manuel Contreras, falleció el 7 de este mes mientras servía penas de reclusión por 529 años.
