La investigación a gran escala, que involucra a 15 funcionarios estatales, fue iniciada luego de que en mayo fueran hallados los restos de 36 personas, presuntamente migrantes de Birmania y Bangladesh, en campamentos abandonados en una selva cercana a la frontera entre Tailandia y Malasia.
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El hallazgo de los cadáveres ha intensificado la presión internacional sobre Tailandia con exigencias de poner coto al contrabando humano.
En un mes fueron detenidas más de 50 personas, incluyendo políticos locales, funcionarios gubernamentales, policías y un oficial de alto rango del Ejército que, paradójicamente, era el encargado de velar por estos delitos en el sur del país.