La Justicia declara territorio indígena 500 hectáreas al norte de Sao Paulo

Según la Fundación Nacional del Indio (Funai) los indios viven en la zona conocida como Jaraguá desde 1950, pero ahora están recluidos en apenas 1,7 hectáreas, según denuncian sus habitantes, alegando que sin acceso a todo el territorio las nuevas generaciones están perdiendo las tradiciones; ya no pueden cultivar su propia tierra ni cazar en la selva.

"Tan solo queremos un trozo de tierra donde producir lo que el indio produce; que no son edificios, son patatas, mandioca. Nadie aquí corta un árbol si no hay necesidad. Queremos ayudar a preservar este área, que es nuestra, antes de que lo derriben todo, construyan viviendas o planten eucalipto para secar la tierra", criticaba uno de los líderes guaranís, Ari Augusto Martins, en declaraciones al portal R7.

El visto bueno del Ministerio de Justicia ha llegado tras dos años de espera y justo cuando se estaba produciendo una escala de tensión en la zona, ya que los indios, cansados de esperar, habían invadido de forma irregular las tierras que aún no habían sido expropiadas y amenazaban con enfrentarse a la policía si intentaba desalojarlos.

En medio del conflicto el Tribunal Supremo Federal paralizó el desalojo y recomendó que se establecieran canales de diálogo entre los indios y el propietario del terreno, el exalcalde de Sao Bernardo do Campo Antonio Tito Costa, que está radicalmente en contra de ceder sus tierras.

En el texto en el que exigía recuperar su terreno Costa alegaba que los indios se instalaron allí "por mero capricho" y que no producen nada, además de criticarlos por ir "ridículamente disfrazados con cabezas de vaca y arcos y flechas para intimidar a las personas que se acercan a la zona".

La legislación brasileña no prevé ningún tipo de compensación monetaria en el caso de tierras indígenas, por lo que Costa está intentando probar que allí no hubo un asentamiento indio de forma permanente y que se trata de un "gran equívoco".

La demarcación de las tierras indígenas siempre ha sido un asunto sensible en la política brasileña: hace unos meses hubo duros enfrentamientos en Brasilia para evitar que se aprobara una enmienda a la Constitución que preveía que la potestad para definir qué tierras pertenecen legalmente a los indios pase del Gobierno al Congreso Nacional.

Los indios y los colectivos ecologistas y de derechos humanos pusieron el grito en el cielo y advirtieron de que dar ese poder al Congreso equivaldría a condenar a esta minoría, ya que gran parte de los diputados pertenecen a la llamada "bancada rural", con grandes intereses en los negocios agropecuarios, enfrentados con los indígenas.