“Felizmente hoy los vientos cambiaron”, dijo a Sputnik Nóvosti el fiscal del Crimen Organizado de Uruguay, Juan Gómez, quien investiga desde diciembre de 2013 una denuncia por corrupción y lavado de activos contra el ex vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo –uno de los siete detenidos el miércoles por la justicia estadounidense– por actos supuestamente cometidos cuando era dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La defensa de Figueredo apeló el procesamiento, alegando que la justicia uruguaya no tiene competencia para actuar en el caso, pues la sede de la Conmebol se encuentra en Asunción, Paraguay, y se espera para los próximos días la decisión del Tribunal de Apelaciones.
“El argumento de la defensa habla de que el régimen de la Conmebol sería similar al de las sedes diplomáticas, en el entendido de que todo lo relacionado con sus funcionarios, por actos relativos al servicio, son competencia de los juzgados de Paraguay”, explicó Gómez.
“Nuestro argumento es otro, no solo por el tipo de delito, sino por las eventuales consecuencias para el país”, agregó.
Gómez señaló que los datos incluidos en la causa que lleva adelante el Departamento de Justicia estadounidense pueden ser útiles para ampliar la prueba que maneja la Fiscalía uruguaya.
Los tres empresarios también están bajo investigación en la causa que lleva adelante Gómez en Uruguay.
Asimismo, el Congreso legislativo de Brasil creó una Comisión Parlamentaria de Investigación que deberá analizar las denuncias de irregularidades en la organización de la Copa del Mundo 2014, celebrada en ese país, así como la participación de dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol en los esquemas criminales que investiga la Fiscalía General de Estados Unidos.
La acción del Departamento de Justicia estadounidense rompió con una tradición que la máxima organización del fútbol imponía bajo amenaza: las denuncias de irregularidades debían dirimirse siempre dentro de las estructuras de la FIFA, dejando fuera a los sistemas judiciales, so pena de desafiliar al país implicado.
“Si eso llegaba a ocurrir era una terrible responsabilidad para quienes adoptamos la decisión de investigar”, reconoció el fiscal Gómez.
“Mucha gente no tiene noción del acto de responsabilidad que supone el inicio de investigaciones como las que estamos hablando, cuando estaba en juego la actuación de Uruguay en un campeonato mundial”, abundó.
