El pleno del máximo tribunal del Poder Judicial mexicano emitió el lunes, en votación dividida, una resolución que descarta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de tortura por violación perpetrada por militares en una zona de influencia de guerrillas izquierdistas y narcotráfico.
"La SCJN perdió la posibilidad de contribuir al avance de los derechos humanos de las mujeres indígenas en México", dijo a Sputnik Nóvosti María Luisa Aguilar, portavoz del Centro de DDHH de la Montaña Tlalchinollan de Guerrero, organismo representante de la causa en el sur del país latinoamericano.
Hace cinco años las dos mujeres acudieron a la Suprema Corte de Justicia para solicitar que dictara las responsabilidades de los jueces en los casos de tortura sexual contra mujeres indígenas, con base a las sentencias emitidas en sus casos por la Corte Interamericana de DDHH, organismo de la OEA.
Pero la resolución aprobada "se limita a analizar superficialmente ambas sentencias de la Corte Interamericana", lamenta la abogada Aguilar del organismo humanitario.
La resolución omite el desarrollo de los temas en casos de tortura sexual por agentes del Estado, un delito de lesa humanidad, tal como lo establecen las sentencias de la CoIDH "que no han sido objeto de un análisis sistemático y adecuado", señaló la portavoz.
La responsable de la ONG deplora que la Suprema Corte no fija, entre otros, "los estándares de valoración de la prueba en casos de tortura sexual o de las declaraciones de personas indígenas víctimas del delito, con énfasis en los testimonios de las mujeres o menores de edad".
Los máximos jueces mexicanos tampoco señalan con precisión las obligaciones de los jueces en los juicios penales abiertos contra los militares acusados de las violaciones de las dos mujeres indígenas "y a la postre, ambos casos podrían quedar impunes", denuncia la defensora de la causa.
La resolución sistematiza algunas tesis aisladas de la Suprema Corte mexicana, pero sin considerar las sentencias de la CoIDH sobre los criterios y las prácticas del Poder judicial en materia de tortura sexual, género y etnicidad.
El máximo tribunal "tampoco hizo un reconocimiento formal y expreso de la lucha de Inés y Valentina para superar múltiples obstáculos (por ejemplo el desconocimiento del español) para desafiar a sus victimarios y evitar la impunidad", puntualiza.