En la nota se explica que la ejecución del brasileño, de 42 años, es una falta de respeto "al sentido común y las reglas básicas de protección de los derechos humanos", además, para evitar acusaciones de querer influir en la soberanía de Indonesia, el comunicado dice "respetar" la soberanía del país asiático, pero que "la pena de muerte no es eficaz para enfrentarse al narcotráfico".
Por su parte, la ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, se entrevistó en la noche del domingo con su homólogo indonesio, Retno Masudi, exigiendo la interrupción del proceso de ejecución, previsto en cualquier momento a partir de este lunes, señalando irregularidades en los juicios de los australianos Myuran Sukumaran y Andrew Chan, ambos detenidos en 2006 por tráfico de drogas.
"Además del recurso al Tribunal Constitucional, existe una investigación de una Comisión Judicial sobre sospechas de corrupción en el juicio original, la sentencia y el proceso de clemencia", explicó Bishop.
Mientras, el primer ministro australiano, Tony Abbott, exigía mediante un escrito la suspensión de las ejecuciones al presidente indonesio, Joko Widodo.
Según el medio australiano Fairfax Media los jueces que condenaron a los australianos pidieron a los abogados defensores 96.000 euros para que sus sentencias no superasen los 20 años, sin embargo, Yakarta habría intervenido para asegurarse de que se dictasen penas de muerte.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, apeló al Ejecutivo de Widodo a no ejecutar a los ocho ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades (Australia, Nigeria, Brasil y Filipinas) alegando que "la legislación internacional establece que la pena de muerte solo debe ser aplicada en crímenes graves con muertes y premeditación".
El francés Serge Atlaoui, también condenado por tráfico de drogas, ha sido excluido a última hora de la lista de la próxima ejecución.
