El presidente de INE, Lorenzo Córdova, recibió un documento en su sede en Ciudad de México, firmado por una delegación de 20 padres de las víctimas, en el cual argumentan que no existen condiciones para celebrar elecciones de junio en ese estado del sur de México y otros del país, azotados por la violencia política y el narcotráfico.
Los argumentos del documento para cancelar los comicios denuncian la inseguridad, la violación a los DDHH y de la Constitución, el asesinato y secuestro de activistas, la penetración del crimen organizado en el Gobierno, la policía y el Ejército.
Los familiares de la escuela rural de maestros son apoyados por maestros la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CTEG, disidentes del sindicato nacional), quienes boicotean desde finales del año pasado la organización de las elecciones en Guerrero ocupando, cerrado e incluso destruyendo instalaciones electorales y sedes de todos los poderes públicos.
Las protestas se han extendido a otros estados como Oaxaca y Michoacán, afectados por otros grados de conflictividad y violencia de la delincuencia organizada.
Melitón Ortega, representante de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos –de quienes solo uno ha sido identificado por las trazas de ADN en restos hallados en un basurero y un río cerca de Iguala-, dijo a periodistas a la salida del INE que el llamado a suspender elecciones "no es un movimiento político, es por la vida".
El llamado al boicot podría extenderse a todo México porque "como padres, no podemos permitir que en Guerrero y en este país hayan elecciones", dijo, hasta que se encuentre a los estudiantes.
Los familiares llegaron con sus seguidores desde la capital de Guerrero, Chilpancingo, en una decena de autobuses, para encabezar una marcha sobre la céntrica avenida Reforma, hacia el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, donde se les sumaron algunos miles de indignados manifestantes, portando carteles con los rostros de los jóvenes.
El llamado al boicot electoral es apoyado por decenas de organizaciones civiles y populares, líderes de movimientos contra la violencia, como el poeta Javier Sicilia, y religiosos católicos que apoyan a víctimas de la delincuencia como el sacerdote Alejandro Solalinde.
Sin embargo, la suspensión de elecciones es rechazada por la decena de partidos políticos que existen en México, encabezados por las tres fuerzas mayoritarias, los partidos Revolucionario institucional (PRI, gobernante); Acción Nacional (PAN, centroderecha); y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).

"Los partidos electoreros actúan como si no pasara nada, con un cinismo que raya en la desfachatez", reprocha el texto entregado al organismo electoral.
El presidente del INE dijo a los padres de familia que el INE "no ha solicitado la fuerza pública para realizar las elecciones", y ofreció una respuesta colegiada y escrita de todos los consejeros del organismo electoral autónomo y ciudadano, a más tardar el 4 de abril.
La autoridad electoral pidió a los familiares reconsiderar su participación en los comicios, y descartar su propuesta de reemplazar la elección con representantes populares comunitarios, elegidos en asamblea.
"Eso no se puede –replicó Melitón Ortega-, la sociedad sensible al dolor y el sufrimiento tiene que tomar una postura", dijo el representante de las familias de la víctimas de la escuela de Ayotzinapa, un símbolo de la rebeldía de izquierdas radicales, incluso de las extintas guerrilla de los años 60.
El presidente de México, Enrique Peña, ha hecho un llamado a votar en las elecciones de medio mandato en junio para renovar el Congreso, tercera parte de los gobernadores y casi un millar de alcaldías, mientras grupos sociales llaman al boicot de los comicios.
Peña ha llamado a los mexicanos a ejercer el voto democrático en los comicios de junio próximo, los "más fiscalizados y transparentes" –afirma- en la historia del país latinoamericano.
A finales de enero, en un balance del caso, la Procuraduría General de la República dijo que "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia".
La investigación concluye que el grupo de narcotraficantes de autodenominado Guerreros Unidos estaba implicado en una trama criminal en la cual "participaban, delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa", ambos ya en prisión, junto con casi un centenar de detenidos por el caso.
Nueve organismos humanitarios internacionales encabezados por Amnistía Internacional pidieron a México justicia y la adopción de la figura de "desaparición forzosa" para el caso, por la participación de agentes del Estado, lo cual configura un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.