El secuestro y asesinato de la dirigente política no es algo exclusivo de esa región: "En la montaña existe tanta violencia como en el resto estado de Guerrero, la delincuencia organizada ha penetrado la áreas rurales y las comunidades indígenas; y no existe un lugar sin el riego de asesinatos o secuestros", alerta Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de DDHH.
En la campaña electoral para elegir alcaldes, diputados locales, legisladores del Congreso federal y gobernadores, "entra en juego el control político por parte de la delincuencia organizada, para que los candidatos se sometan a un cartel del narcotráfico o de otro", denuncia el representante de una docena de organismos humanitarios.
"Lo que ha sucedido desde hace unos 10 o 15 años en Guerrero es lo siguiente: en cada elección hay gente comprometida con los carteles, que se colocan en las gubernaturas y alcaldías; y a quienes tienen simpatía de la población, los narcos tratan de cooptarlos con amenazas y secuestros de familiares", dice Olivares vía telefónica.
La huella de la narcopolítica
El cuerpo decapitado de Aidé Nava González, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) a la alcaldía del poblado montañoso de Ahuacuotzingo, en Guerrero, fue abandonado en una carretera a la capital de ese estado, Chilpancingo, la madrugada del miércoles.
La dirigencia nacional del PRD, en el ojo del huracán tras la renuncia del exgobernador de ese partido en Guerrero por la masacre de estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, exigió que el crimen no quede impune.
La dirigente política había sido secuestrada dos días antes en plena reunión política con un grupo de seguidores en un poblado indígena cercano en Guerrero, Tecoanapa.
El dirigente humanitario dijo a Sputnik Nóvosti que existe un antecedente en el crimen de la precandidata: hace dos años fue asesinado el esposo de la lideresa política "y era señalado como líder del narcotráfico, eso era vox pópuli, porque él venía de Pochutla, un municipio de la montaña que ha producido mucha delincuencia".
Hay indicios de que prevalecía "una relación oscura de la víctima en ese entramado delincuencial y político heredado por los vínculos directos de su esposo asesinado, que generaba ganancias de actividades ilícitas", y deben investigarse, indicó.
El vínculo de la violencia en la política, en su opinión, se remonta a la declaración de guerra contra el narcotráfico de parte del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
"A nivel nacional, cuando Calderón le declara la guerra al narcotráfico, se crean nuevos cuerpos policiacos, se incrementa la presencia del Ejército y la policía, y aumenta la delincuencia, los secuestros y las desapariciones de personas, esa es la realidad", afirmó el defensor de los DDHH.
Con el gobierno de Enrique Peña (2012-2018), hay una nueva gendarmería, policía federal, fuerzas especiales, militares, tropas de la Marina, "aun así han ocurrido unos 200 asesinatos en los últimos dos años, vinculados a la violencia de crimen organizado", recuenta Olivares con base en los registros de las ONG humanitarias de la región.
"El impacto del narco en la política es producto de una política equivocada", sentenció el responsable de la red de organismos humanitarios regional.
En los últimos cinco años, los asesinatos ligados a la narcopolítica han cobrado la vida de una docena diputados federales, síndicos, regidores y presidentes municipales: el más recordado es el asesinato a balazos de Armando Chavarría, presidente de Congreso de Guerrero, en 2009.
México: de mal en peor
La directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, explicó a Sputnik Nóvosti que "la situación por la que atraviesa México, en cuanto graves violaciones a los derechos humanos, se acrecienta día a día".
Esa conclusión de la experimentada dirigente que ha trabajado en la defensa y promoción de los DDHH desde hace 30 años –fundadora de la Red Nacional de DDHH Todos los derechos para Todos, que aglutina a decenas de ONG-, está respaldada por comités internacionales y relatores de la OEA, la CIDH y Naciones Unidas.
"La respuesta del Gobierno ha sido descalificar esas investigaciones independientes internacionales, lo cual nos preocupa, ya que en pasados gobiernos ese tipo de descalificación presidencial no había ocurrido", deplora Culebro.
El Gobierno está obligado a tomar "acciones urgentes, porque las elecciones están próximas (julio 2015), y este contexto puede ser aprovechado por la delincuencia organizada para complicar el clima social y político".
Mientras "las autoridades, y en específico el presidente Enrique Peña Nieto, no reconozcan que hay una situación grave de violaciones a los derechos, corrupción e impunidad, el problema puede ser peor", lamenta la defensora de los DDHH.
Los temas estratégicos de la agenda humanitaria están entre las prioridades del país latinoamericano: "No hay controles ni buenas prácticas institucionales para hacer frente a la violencia e impunidad; no existe un plan que garantice la seguridad de la ciudadanía, a pesar de la gendarmería y el mando único; y las instituciones están resquebrajadas", concluye el servo diagnóstico.
Vivir en el terror
En las montañas de Guerrero y estados vecinos, en épocas electorales son frecuentes las caravanas de sicarios que recorren las comunidades para presionar por un candidato, o impedir a la gente a votar: "lo sabemos porque trabajamos con la gente más vulnerable", relata el promotor de los DDHH en Guerrero.
"Para nosotros es común conocer de asesinatos, secuestros y extorsiones contra quienes no se han alineado en la lucha por las plazas municipales, o por tener contactos no bien vistos por los grupos de sicarios", explica Manuel Olivares de la Red Guerrerense de ONG.
En Guerreo "notamos desde hace 15 años la penetración del narco en las alcaldías, y eso se ha consolidado", dice el responsable de la red humanitaria, quien recuerda la complicidad entre narcos, el alcalde y policías de Iguala, en la masacre de alumnos de Ayotzinapa, de los cuales 42 aún se consideran desaparecidos.
"Esos liderazgos locales son la base administrativa del sistema político mexicano, es obvio que son un objetivo del crimen organizado", denuncia el coordinador de las ONG.
"Antes los narcos financiaban y cobraban a los políticos, pero hoy los funcionarios son parte de las redes de la delincuencia organizada", explica Olivares.
En esas zonas remotas y desprotegidas "desgraciadamente el Gobierno federal no ofrece alternativa a los carteles de la droga que inyectan millonarios recursos a las candidaturas".
"Conozco regiones abandonadas, sin escuelas ni oportunidades, donde la única actividad de la población es la siembra de amapola, mucha gente siembra droga, pero los indígenas y campesinos siguen hundida en la miseria", lamenta Olivares.
