"Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada", dijo en conferencia de prensa la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago –portavoz del grupo de la CIDH-, definición utilizada en el derecho internacional humanitario para las desapariciones en las cuales participan agentes del Estado, que por lo tanto no prescriben nunca.
El grupo de expertos pidió a las autoridades judiciales de México investigar los ataques saldados con seis muertos, 20 heridos y 42 desaparecidos, de los cuales solo un estudiante ha sido identificado, como un acto de "desaparición forzada".
Con esta nueva clasificación reemplazaría el caso abierto por secuestros u homicidios, y la tragedia tendría una relevancia internacional, en la cual podrían participar organismos humanitarios de instituciones globales a las cuales México es miembro, como la ONU y la OEA.
El grupo de expertos anunció a la prensa, a través de tres portavoces, su pedido de entrevistar a militares del batallón del Ejército de la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, (200 km al sur), quienes según los familiares de las víctimas estarían involucrados en el caso.
El examen preliminar del caso —al final de su primera gira del 1 al 19 de marzo por México de la misión autorizada para seis meses-, está centrado en cuatro líneas: la búsqueda de los 43 desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la investigación criminal, la atención a las víctimas y el examen de políticas públicas frente a la desaparición forzada en México.
Las peticiones al Gobierno de Enrique Peña incluyen la solicitud de una copia digital completa del expediente del caso; brindar atención médica para familiares de las víctimas, atención neurológica para el estudiante Aldo Gutiérrez, en estado de coma tras los ataques, el resguardo de la información relevante y continuar con las búsquedas.
Contrario a lo que la oposición y activistas humanitarios temen, de que el caso se dé por cerrado, luego que el procurador general Jesús Murillo, presentó un balance de la investigación como "verdad histórica", los expertos dijeron que la investigación continúa abierta.
"Hemos realizado el expediente folio a folio y vemos que se ha hecho un trabajo prolijo, no tenemos elementos para decir que la investigación se ha parado, se ve que continúa", dijo la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Sin embargo, los expertos de la CIDH —organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideran que "todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas", afirmó Beristáin.
En cuanto a la calidad de la investigación, señalaron que existen "diligencias muy importantes en la investigación que deben resguardarse o desarrollarse", como las decenas de cuerpos hallados en "fosas clandestinas" en el marco del caso, que no corresponden genéticamente a los estudiantes de la escuela normal de maestros rurales de Ayotzinapa.
Los expertos que presentaron el avance de sus conclusiones son la colombiana Ángela Buitrago –quien investigó el caso de las muertes en la toma del palacio de Justicia por la guerrilla colombiana en los años 80-, el español Carlos Beristáin, relator del informe "Nunca más sobre Guatemala"; y el chileno Francisco Cox, quien participó la extradición del fallecido dictador Augusto Pinochet desde Londres.
El rechazo de los familiares y grupos humanitarios mexicanos se basa en 10 objeciones, encabezadas por la consideración de que "no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula (pueblo vecino de Iguala, Guerrero) donde fueron encontrados restos humanos de los cuales uno ha sido identificado (por forenses) como alumno de Ayotzinapa".
"Las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes", dicen los abogados mexicanos de los familiares.
"La PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas (sino por homicidio y secuestro), siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos", que conduciría a establecer un delito de Estado de "lesa humanidad", coinciden con la CIDH.
"Es un avance equilibrado y cuidadoso", dijo en su primera reacción Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA, quien recordó que es la primera vez que un grupo humanitario internacional interviene en este país latinoamericano.
