"Hay certeza legal y probabilidad de que los normalistas de Ayotzinapa fueron muertos", señaló el Procurador, en una conferencia de prensa junto con el director de Agencia Federal de Investigación criminal (AFI), Tomás Zerón, en la cual presentaron un video que resume el caso, hasta la fecha.
"Es una investigación con sustento científico fundamental", dijo Murillo, quien enfatizó que las conclusiones no sólo se basan en la identificación de uno de los estudiantes por análisis de ADN en restos triturados y calcinados, sino en todas las pruebas periciales, vídeos y confesiones de los verdugos, quienes destruyeron los restos.
"El análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al Río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia", dijo el Procurador, en la sede de la PGR en la Ciudad de México.
El Procurador respondió a la queja de los padres y familiares que exigen que el Ejército de México sea investigado que "no hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército".
El grupo Guerreros Unidos "detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula (pueblo vecino de Iguala), los ejecutó e incineró, ya que pensaron que pertenecían al grupo antagónico (narcotraficante) de Los Rojos", dijo el director de AFI.
Los delincuentes recibieron a un grupo de estudiantes y el móvil establecido es que "los estudiantes fueron señalados de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada", conocido como Los Rojos.
"No hemos encontrado a ningún Rojo entre las víctimas, a menos que alguno de los estudiantes estuviera involucrado", dijo el titular de la PGR.
El gobierno del presidente Enrique Peña, "lamenta profundamente los hechos y se solidariza con las familias de las víctimas", dijo el procurador federal.
En la investigación hay 99 detenidos, entre policías, sicarios y funcionarios públicos y "cumpliremos para que los responsables reciban una pena razonable y sea un ejemplo para que los hechos de Iguala y Cocula no vuelvan a repetirse", dijo el Procurador, al tiempo que anunció que pedirá a la justicia la pena máxima en México para estos delitos, 140 años de prisión.
