El incremento de estas prácticas se empezó a producir cuando se puso en marcha la operación "Volved Hermanos", el pasado junio, para buscar a tres adolescentes israelíes secuestrados en Cisjordania, cuyos cadáveres se encontraron posteriormente.
Según los datos del PCATI, basados en cientos de visitas a la cárcel, se denunciaron 66 presuntos actos de tortura o malos tratos en el segundo semestre de 2014 frente a 19 en la primera mitad del año.
El PCATI no distingue entre los actos de tortura y los de abusos, ya que su posición es luchar contra todas las prácticas incorrectas en los interrogatorios de sospechosos arrestados.
En 2014, de los presuntos 85 casos de torturas o abusos, se presentaron 48 denuncias a "varios cuerpos de investigación", entre ellos el ministerio de Justicia. Las 48 denuncias implican a menos de 48 palestinos, ya que algunos presentaron más de una.
De las 48 denuncias, 23 fueron presentadas contra el Shin Bet, 14 contra el Ejército israelí, nueve contra de la policía o la Policía de Fronteras y dos contra el Servicio de Prisiones.
Desde junio de 2014, 18 denuncias afirmaron que los interrogadores pusieron a los detenidos en posiciones insoportables —técnica conocida como la "rana" o la "banana", 19 se quejaron de privación de sueño, 12 de que les pegaron palizas durante el interrogatorio, ocho de acoso sexual o asalto durante el interrogatorio y siete de violencia física durante su arresto.
El PCATI ha señalado que el uso de las posiciones de la "banana" y la "rana" se había utilizado sólo 10 veces en los cuatro años anteriores y solo en 2014, al menos 18 veces.
El 18 de junio 2014, varios medios de comunicación israelíes informaron de que una fuente militar de alto rango había indicado que el Shin Bet estaba usando "presión física moderada" en los interrogatorios de algunos presuntos miembros del grupo islamista palestino Hamás para obtener información que llevara a encontrar a los secuestradores y asesinos de tres adolescentes.
La misma fuente militar señaló que el Shin Bet había conseguido una autorización especial del fiscal general del estado, Yehuda Weinstein, para usar técnicas de interrogatorio más amplias.
El director del PCATI, Ishai Menuchin, ha afirmado que "algunos de los métodos de tortura que se utilizaron violan plenamente las resoluciones del Tribunal Supremo".
Menuchin ha asegurado que los interrogadores habían informado a al menos tres detenidos de que su tortura había sido previamente aprobada por el Fiscal General u otros funcionarios, hecho que es "ilegal".
El director del PCATI explicó que algunos de los detenidos fueron presuntamente torturados después de haber estado en detención administrativa un tiempo, hecho que tiraría por tierra la explicación de las autoridades de que se les presionó en los interrogatorios para obtener información sobre ataques inmediatos.
El Ejército israelí, la policía y el Servicio de Prisiones han señalado que no pueden responder a estas denuncias sin información concreta sobre cada una de ellas.
El Shin Bet, en cambio, ha asegurado que actuó "únicamente dentro de la ley". "Los detenidos reciben los derechos humanitarios completos conforme a la ley. Estos derechos incluyen atención médica, reuniones con los abogados y las visitas del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja)".
