Esta semana, el mandatario de la nación centroamericana participa en la edición 29 de la Conferencia Global del Instituto Milken, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, con el propósito de atraer inversión extranjera y gestionar apoyo financiero en sectores como infraestructura de datos, inteligencia artificial, manufactura avanzada y cadenas de suministro.
No obstante, algunos analistas como el sociólogo hondureño Marcio Silva refirieron a Sputnik que ese periplo—con una parada prevista en Costa Rica el 8 de mayo para la toma de posesión de la recién electa Laura Fernández— "no generará ningún beneficio real para el pueblo, responde más bien a un alineamiento bilateral Tegucigalpa-Washington, sin precedentes".
"Es una forma de seguir lineamientos en una relación totalmente asimétrica que favorece a todas luces a EEUU, y validar nuevamente el servilismo histórico de los sectores conservadores hondureños. Otro de los objetivos es que la Casa Blanca fortalezca su control político sobre el país para alejarlo de China o, al menos, vigilar los vínculos entre los dos Estados", agregó.
En este sentido, el respaldo dado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, al representante del Partido Nacional tampoco ha dado los frutos esperados. De hecho, Washington canceló recientemente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes hondureños, un programa que les otorgaba protección frente a deportaciones desde 1999.
Además, "ha amenazado con usar a la nación como un puente migratorio de retorno y con la imposición de aranceles sobre las remesas que representan aproximadamente 27% del PIB"; por tanto, "considero la gestión de Asfura sin ningún tipo de resultados concretos e, incluso, desmanteló los programas para migrantes del Gobierno de Xiomara Castro".
¿Qué ha pasado con los anuncios de campaña?
Durante la contienda rumbo a la Presidencia, el entonces candidato conservador prometió austeridad y reducción del Estado, fortalecimiento de la transparencia, reactivación económica, empleo y la mejora de los nexos con inversionistas y socios internacionales. No obstante, las acciones no han ido mucho más allá de una reducción del despliegue protocolar o la presentación de la Ley Antisoborno.
Incluso, el otorgamiento de un bono de 100.000 lempiras (3.749 dólares) a los diputados de la bancada legislativa del Partido Liberal despertó la desaprobación de la ciudadanía, ya que el país asume medidas económicas extraordinarias frente al alza del precio de los combustibles, como consecuencia del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, y el encarecimiento de la canasta básica.
Tampoco se ha reducido la tasa de homicidios en zonas claves como San Pedro Sula (norte) que enfrenta una crítica situación de seguridad desde comienzos de mayo de este año, con recientes masacres y ataques armados, y continúa como uno de los principales focos de violencia criminal, extorsión y actividad delictiva del país.
Para el profesor de sociología José Armando Orellana Romero, las cifras revelan un repunte preocupante de los homicidios, lo cual demuestra que "la política de seguridad del Gobierno carece de una estrategia preventiva; aplica la mano dura sin atacar realmente las causas".
El dirigente popular recordó a Sputnik que, con el retorno o la reinstalación de estos sectores de derecha, políticos del bipartidismo (Nacional y Liberal), en procesos de enjuiciamiento o con penas ya dictadas por los jueces, hoy forman parte del gabinete de Asfura, "es la prueba de su complicidad estructural y de la restauración del juanorlandismo".
"Las figuras con procesos penales por lavado de activos y malversación han sido integradas al gobierno, lo que evidencia su apuesta por rodearse de un círculo cercano señalado por corrupción. Ello perpetúa el sistema de impunidad (...). Asimismo, persisten las denuncias de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso", agregó.
A su juicio, existe un patrón sistemático de silencio frente a la explotación minera y a los recursos en el territorio indígena y afrodescendiente. "Asfura flexibiliza las regulaciones ambientales y entrega nuestros bienes comunes naturales a las corporaciones trasnacionales, profundizando el ecocidio en varias regiones", resaltó.
De igual modo, el experto indicó que la reciente gira del jefe de Estado hondureño a EEUU "fue un acto desesperado para renegociar el vencimiento de un bono soberano de 700 millones de dólares en enero de 2027", pero sin el anuncio de ninguna inversión productiva concreta, "el fracaso lo condena a la sumisión al FMI y a los mismos grandes capitales de siempre".
Un retroceso nacional
Orellana Romero apuntó que el actual gobierno no presenta un plan integral de reinserción laboral y social para los miles de connacionales expulsados de Estados Unidos.
"Existe una inacción frente a las deportaciones masivas. Es una bandera prácticamente abandonada, deja sola a la diáspora y muestra falta de voluntad para negociar condiciones justas", refirió.
El también máster en Sociología, Trabajo Social y Relaciones Internacionales opinó que el empleo está "en un concreto abandono". En este sentido, "la tasa de desempleo juvenil supera el 15% y la creación de empleos formales es casi nula. También hay una creciente informalidad y profundización de la precariedad", comentó.
En su opinión, la aprobación de la ley de empleo temporal o por hora "representa un retroceso en términos de derechos, condena sobre todo a los jóvenes y a las mujeres que laboran en las maquilas y genera una situación de inestabilidad, ya que los patrones aprovechan esta normativa para sacar al trabajador permanente y contratar empleados temporales".
Agregó que los hospitales continúan colapsados, desabastecidos y sin medicinas, mientras la propuesta de recortes en educación y salud ya se ha materializado con despidos masivos en ambas carteras y el país acumula un déficit de 18.000 médicos.
"Hay hostigamiento laboral en el sector docente, dado que ya los profesores no reciben el apoyo que sí tuvieron durante la Administración anterior. Desde el año pasado, cuatro escuelas agrícolas reciben el apoyo de China y ahora eso está en riesgo porque el Ejecutivo recibe presiones desde la Casa Blanca para romper las relaciones con Pekín y retomar los vínculos con Taiwán", puntualizó.
En esencia, el experto consideró que estos cien días evidencian "un gobierno que replica, reproduce y profundiza las medidas y políticas neoliberales. Eso implica la privatización, desregulación de las relaciones obrero-patronales, deterioro de los derechos humanos y afectación de los territorios de los pueblos originarios".
De igual manera, el Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) advirtió en un informe denominado "A cien días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas", que el actual Ejecutivo no ha mostrado un cambio de rumbo significativo y persiste un modelo marcado por exclusiones, desigualdades y dependencia externa.
La entidad indicó que la gestión del mandatario mantiene una estructura económica y política que concede prioridad al pago de la deuda, el impulso de proyectos extractivos y el fortalecimiento del aparato de seguridad por encima de la inversión social.
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