El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer que una corte de Nueva York tiene un proceso abierto contra tres morenistas por ser presuntos cómplices de grupos del cártel de Sinaloa: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (ambos ya en licencia), y el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.
Esta acción representó un duro golpe para la estructura del partido en el poder y deja abierta la posibilidad de que sea un hecho lo que hasta hace unos días eran rumores: Washington tiene una lista de políticos mexicanos en funciones a quienes estaría investigando por sus presuntos nexos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente declarados como "organizaciones terroristas extranjeras" por la Administración Trump.
El proceso penal de EEUU contra Rocha Moya se dio a conocer tan sólo unos días después de que se descubriera que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en operativos de seguridad del Gobierno del estado de Chihuahua sin notificar al Gobierno federal (como estipulan las leyes mexicanas y acuerdos bilaterales).
En este contexto, y tras darse a conocer la acusación contra el hoy gobernador con licencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no permitirá que ningún país extranjero interfiera en la política interna del país ni solapará actos criminales al interior de Morena, pero aclaró que sólo actuará cuando EEUU muestre que tiene pruebas suficientes para procesar al mandatario estatal.
De este modo, el debate sobre la soberanía mexicana bajo la presión de Donald Trump también llega al interior de Morena. Y es que ahora el Gobierno de Sheinbaum debe poner sobre la balanza tres problemas graves: la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la estabilidad interna del partido en el poder y la defensa de la soberanía ante los claros intentos de injerencia de Washington.
"Sheinbaum tiene que actuar como jefa de Estado, no como líder de partido"
Especialistas consultados por Sputnik coincidieron en señalar que la acusación hecha contra Rocha Moya representa uno de los mayores desafíos políticos tanto para la presidenta Sheinbaum como para Morena.
El doctor en Ciencias Políticas, Hugo Garciamarin, considera que el caso del gobernador de Sinaloa pone al partido —el primer de izquierda en gobernar México— en una situación en la que no se había visto a lo largo de sus casi 12 años de historia: demostrar que, en efecto, la corrupción política está fuera de sus filas.
Para el analista político, el hecho de que la acusación venga de EEUU —país que ha emprendido una estrategia abiertamente injerencista en América Latina bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico— obliga a Morena a poner en práctica sus discursos y establecer un antecedente para sus militantes que les permita "empezar a caminar poco a poco hacia nuevas formas de conducta política".
En este sentido, Garciamarin considera que las autoridades mexicanas deben atender la acusación y realizar el subsecuente proceso legal (si procede) en su propio territorio.
"El hecho de que los juzguen aquí [en México] permitiría establecer lineamientos políticos para el comportamiento tanto de los funcionarios como de los gobernadores. Es decir, se pueden establecer mecanismos de acción y límites, poniendo como ejemplo el caso de Rubén Rocha", comenta el investigador.
Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales, Enrique Catalán, considera que esta acusación golpea, más que a la presidenta o a Morena, al obradorismo —nombre con el que se conoce a la corriente política del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, por lo que Sheinbaum debe "priorizar la defensa de la soberanía y del debido proceso", antes que la unidad de un partido dividido entre diferentes grupos que, aparentemente, sólo trabajan por sus intereses.
"La mejor opción que tiene Claudia Sheinbaum es la que terminaría fortaleciéndola. ¿Y quién es Claudia Sheinbaum? Es la jefa de Estado. Entonces tiene que actuar como jefa de Estado, no como líder de partido. Si elige al partido, el resto de su presidencia va a estar marcada por acusaciones de opacidad y de otras cuestiones que serían muy negativas y que le impedirían gobernar en el sentido en que ella pretende dentro de su propia ideología", asegura el académico.
La injerencia de Washington
La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció este 5 de mayo un discurso de tintes nacionalistas durante la conmemoración del 5 de mayo, fecha en la que los mexicanos celebran la victoria de la Batalla de la Puebla, recordando el día en que un Ejército mexicano mal armado e improvisado venció a las experimentadas tropas francesas de Napoleón III en 1862, impidiendo así un intento de intervención.
"A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota", declaró la primera mujer en ser presidenta de México, al tiempo de asegurar que ningún país debe dictar cómo debe gobernarse ni cómo debe impartirse justicia en la nación latinoamericana.
"Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo nos gobernamos", agregó.
Este discurso se enmarca en un contexto geopolítico complejo, en el que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha insistido que en México supuestamente gobiernan los cárteles de la droga e incluso ha amenazado con atacarlos en territorio mexicano, lo cual representaría una violación flagrante a la soberanía del país latinoamericano.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico es un pretexto y una narrativa que ha utilizado Washington desde hace décadas, no sólo durante la Administración Trump.
Esto dijo en su momento la fiscal adjunta en el Gobierno de Obama, Loretta Lynch:
"La lucha de EEUU contra la corrupción extranjera, no es un servicio que prestamos a la comunidad internacional, sino una acción coercitiva necesaria para proteger nuestros propios intereses y la capacidad de las empresas estadounidenses para competir a nivel mundial".
Los cambios intestinos de Morena
Aunque de forma oficial Morena y sus integrantes no reconocen una división por las candidaturas, el escenario previo al año electoral comienza a mostrar las divisiones de un partido que, hasta 2024, tenía como centro de cohesión indiscutible a la figura de López Obrador.
Días antes de darse a conocer el proceso penal contra el gobernador con licencia, Luisa María Alcalde, quien fungió como secretaria de Gobernación de López Obrador, cedió su lugar al frente del partido a Ariadna Montiel, una figura que ha trabajado con López Obrador desde 1999 y quien hasta hace semana estaba al frente de la Secretaría del Bienestar, la dependencia que gestiona los programas sociales, una de las políticas públicas más importantes de la llamada Cuarta Transformación.
En su primer discurso como presidenta, Montiel dio un peso importante a la figura de López Obrador como centro de acción de la Cuarta Transformación, lo que demuestra que la influencia del expresidente es palpable.
Poco antes de anunciar la salida de Luisa María Alcalde, se anunció la llegada a Morena de la exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, una decisión que se interpretó como una primera maniobra electoral de la presidenta Sheinbaum ante el destape de candidatos de sus partidos aliados, el PVEM y el PT, confrontados con Morena tras la reforma electoral, y de sus propios militantes, como es el caso de la senadora Andrea Chávez, quien solicitó licencia con el fin de buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.
El tema de la acusación de Rocha Moya representó otro frente de división partidista entre quienes consideran que se debe cerrar filas ante un acto abierto de injerencia extranjera y entre aquellos que estiman que es importante investigar y procesar a los militantes que, en efecto, tienen una relación de complicidad con el crimen organizado.
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