Con seis meses en el poder, el presidente acumula reclamos por la falta de gasolina de calidad, por aumentos de salarios y por la sanción de la ley 1720, que modifica el régimen de tenencia de tierra para las familias campesinas. Pese a sus reiteradas invitaciones a conversar todavía no logró alcanzar puntos de acuerdos sólidos con los sindicatos y organizaciones movilizadas.
A lo largo de esta jornada, ante las medidas de presión contundentes que paralizaron el país sudamericano, los sindicatos de choferes aceptaron acudir al diálogo convocado por el Gobierno el 6 de mayo, con la finalidad de evitar la escalada en las protestas de los conductores, quienes pusieron como condición la presencia de Paz para sentarse en la mesa de negociaciones.
Pero el Gobierno aún no atendió a los reclamos de las organizaciones campesinas e indígenas, parte de las cuales arribaron a ciudad de La Paz luego de 28 días de marcha desde el departamento amazónico de Pando (noroeste). La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) advirtió con reforzar los bloqueos nacionales a partir del 6 de mayo.
Los maestros, quienes también realizaron una marcha desde la población de Calamarca hasta la ciudad de La Paz, exigen aumentos de salarios y anunciaron que profundizarán sus medidas de presión también desde la misma fecha. La COB, por su parte, reclama un incremento de sueldos de 20%, lo cual fue descartado por el Gobierno y por las cámaras empresariales.
Ante este contexto, Paz y sus ministros están obligados a llevar adelante un trabajo quirúrgico de negociaciones con todos los sectores descontentos con el rumbo económico del país. Desde el oficialismo consideraron que hay movimientos "desestabilizadores" contra la Administración, que apenas tiene medio año.
Paz dijo al programa Cabildeo Digital que el Movimiento Al Socialismo (MAS) "tiene varios muertos en su historia. Yo creo que Evo [Morales] quiere que la democracia se caiga. A él no le conviene esta democracia porque, tarde o temprano, tendrá que dar la cara ante la justicia".
El Gobierno pide a los choferes un plazo de dos meses para solucionar la crisis de los combustibles. Ni bien asumió, en diciembre de 2025, eliminó la subvención a los carburantes, que costaron al Estado boliviano un total de 3.500 millones de dólares durante el año pasado. De inmediato, el litro de gasolina pasó de costar 50 centavos de dólar a un dólar.
Sin embargo, la escasez de combustibles iniciada durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) persiste en todo el territorio boliviano. Sumado a ello, comenzó a ingresar gasolina y diésel en mal estado al país, presuntamente cortados con otros líquidos nocivos para los motores de miles de vehículos que terminaron en el taller. Ante ello, Paz se comprometió a pagar los costos de las reparaciones, pero el trámite no tiene la celeridad necesaria e incrementa el malestar entre los sindicatos de choferes.
Sobre la movilización campesina indígena, el mandatario sudamericano se mostró dispuesto a "abrir, revisar y perfeccionar" la ley 1720. Pero aclaró que, en última instancia, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe encargarse de ese tema.
"No está en manos del Gobierno abrogar una ley. Eso corresponde a la Asamblea. Además, la propia norma surgió como una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. No obstante, somos plenamente conscientes de que el tema de la tierra debe discutirse amplia y profundamente en Bolivia", dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al sitio Visión 360.
Capacidad para organizarse
En diálogo con Sputnik, el analista Álvaro del Pozo hizo una radiografía de la sociedad del país sudamericano.
"A lo largo de la historia contemporánea de Bolivia, especialmente desde la recuperación de la democracia en 1982, ha habido capacidad en la sociedad civil para organizarse y expresar protestas de manera continua y sistemática. Muchas veces con absoluta legitimidad y otras con un marcado criterio político. En este caso, creo que hay de todo un poco", indicó.
"En seis meses, el Gobierno ha mostrado muchos aciertos y también errores. Esto, obviamente, ha generado descontento en sectores sociales fundamentalmente", añadió.
Del Pozo mencionó que el tópico de la gasolina ha sido uno de los más complejos para la actual Administración, debido tanto a las afectaciones directas a los consumidores como a que no se ha concretado una solución al respecto.
Sin embargo, observó que el reclamo de aumento salarial del 20% de la COB "no es real en una economía como la de nuestro país en este momento. A pesar de que en una negociación estamos todos dispuestos a ceder, pedir un 20% le quita legitimidad de entrada".
Para el experto, hay sectores sociales que, en su opinión, aún no comprenden que la nación sudamericana atraviesa un momento crítico a nivel económico.
"No es el cambio de Gobierno que por sí solo va a generar una nueva economía. Hay que aprobar nuevas leyes, hay que recibir inversiones y, por supuesto, es un camino que debemos recorrer para tratar de aspirar a días mejores en lo económico".
Ante este panorama, "el Gobierno va a tener que enfrentarse a diálogos permanentes. Los operadores políticos tienen que empezar a actuar para no esperar que, al final, sean los propios ministros o el presidente quienes tengan que resolver los problemas" y se genere así un mayor desgaste a las figuras del Ejecutivo.
Problemas a corto plazo
En una charla para este medio, el analista Carlos Moldiz compartió su visión de estos ajetreados días para la política boliviana.
"A primera vista, se advierte que el [mandato] de Paz sufre un agotamiento muy prematuro de su legitimidad gubernamental. Parece estar perdiendo el respaldo popular que tenía durante sus primeros tres meses de [esta Administración] porque no ha podido resolver tres asuntos muy puntuales: la inflación de los productos de la canasta básica, el acceso a gasolina de calidad y el problema del déficit fiscal", enumeró.
Consideró que las autoridades locales no parecen contar con "una agenda puntual para solucionar estos problemas", situación que también se presentó en la Presidencia anterior.
Sin embargo, a diferencia de Arce, "Paz no cuenta con una oposición articulada. Tiene el respaldo casi total de los medios de comunicación y de sectores de la sociedad con fuerza política y sobre todo económica, como el sector de la agroindustria en el oriente", dijo Moldiz.
Ante los diversos frentes de conflicto que tiene abiertos el Gobierno, para el analista "son problemas muy difíciles de solucionar con una batería de políticas orientadas a la privatización, tanto de la tierra como de las empresas públicas".
"El problema es que el país no tiene riqueza, producto del agotamiento de sus reservas de gas. Ya no cuenta con divisas siquiera para continuar con el modelo económico que hemos tenido durante un par de décadas, a partir de la disponibilidad de divisas provenientes de la explotación de recursos naturales", agregó.
Moldiz evaluó que, más allá de tildar a los movimientos sociales de "desestabilizadores", en concreto las organizaciones y sindicatos "están pidiendo soluciones a problemas que hace unos años habrían resultado inaceptables para el resto de la sociedad. Puede que Paz apague estos incendios en lo inmediato, pero no va a solucionar los problemas de fondo".
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