En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional votó a favor de la nacionalización de los fondos de pensiones, hasta entonces administrados por bancos internacionales. Desde entonces, los recursos de jubilados y pensionados son manejados por la estatal Gestora Pública. En 2018, una de las empresas afectadas, BBVA, promovió una demanda contra el Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un instrumento de arbitraje del Banco Mundial.
En esta instancia, Bolivia fue condenada a pagar una indemnización millonaria. Días atrás, esta sentencia fue refrendada por el Tribunal Supremo de Países Bajos, donde el Gobierno nacional había apelado. La suma total a pagar asciende a 105 millones de dólares, sin contar intereses y otros gastos inherentes al proceso.
En 2007, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) había determinado la salida del país sudamericano del CIADI: "Estoy convencido que hay organismos internacionales que solamente sirven para castigar a las naciones, a Estados, a los pueblos".
"Cuando demostramos económicamente, jurídicamente, que algunas empresas transnacionales no cumplen con las normas bolivianas, inclusive no pagan sus impuestos, no cumplen con los contratos correspondientes, pues ellas se van a quejar al CIADI", agregó.
A pesar del rechazo de Morales a esta instancia, los procesos no se detuvieron. En 2018, el BBVA recurrió al CIADI para reclamar por el procedimiento que conllevó la nacionalización de los fondos de pensiones. Cuando se emitió la sentencia favorable a la empresa, en 2022, el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) apeló primero ante el Tribunal de La Haya. En 2024, al obtener un nuevo dictamen desfavorable, recurrió a la máxima corte de los Países Bajos.
El Gobierno de Rodrigo Paz determinó que el dictamen se reconocería, al evaluar que de esta manera se favorecería la llegada de inversiones extranjeras, al demostrar que finalmente el país brinda seguridad jurídica. Lo que aún no se sabe es de dónde provendrá dicha suma, al considerar la escasa presencia de divisas en las reservas internacionales.
Sputnik consultó a analistas, quienes explicaron en detalle este panorama y respondieron al interrogante: ¿Hay más procesos iniciados contra Bolivia por las nacionalizaciones realizadas durante los Gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS)?
Un fallo previsible
Para el analista Francisco Tupaj García, el fallo del tribunal neerlandés resulta "previsible, porque los tribunales de arbitraje internacional generalmente están diseñados para beneficiar a las empresas transnacionales", dijo a Sputnik.
"Muchas veces, los contratos que se firman para facilitar las inversiones extranjeras a la vez blindan demasiado a las empresas transnacionales cuando operan en un país y, cuando ese país intenta recuperar el control sobre sus recursos, ya sean naturales o en este caso financieros, la Justicia está en contra. Entonces, lo que ha hecho un Gobierno en el pasado termina perjudicando el devenir político y económico de un pueblo a futuro", añadió.
Por ello, "hay cantidad de fallos contra países sudamericanos, africanos y del sudeste asiático que han perdido contra transnacionales mineras, ambientales, contra energéticas, contra AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensión), que podía preverse esta derrota jurídica y tampoco debería alarmarnos".
Nacionalización en la Constitución
García recordó que la Constitución, vigente desde 2009, "establece que las AFP deben nacionalizarse, porque la gestión de las pensiones en el país debe ser responsabilidad del Estado. Me parece que esa es la clave. Porque la voluntad política de nacionalizar las AFP no pasa por la voluntad de un Gobierno de turno".
En ese sentido, comentó que, en 2010, las AFP (entre las cuales estaba BBVA) "le debían 100 millones de dólares al Estado. Falta este dinero, porque las AFP habían prestado a empresas que habían quebrado. Entonces no se podía hacer una devolución total de los aportes de los contribuyentes, de los trabajadores".
En este sentido, "el fallo jurídico que logra el BBVA en el arbitraje le sirve para evitar pagar esa deuda que tiene con el Estado boliviano".
Para el analista, el Estado debería llevar el caso a juicio la omisión en la entrega de los recursos pendientes "pero, obviamente, Rodrigo Paz no lo va a hacer", en línea con su preocupación para atraer inversiones internacionales.
Un fallo evitable
En diálogo con Sputnik, el economista Fernando Romero lamentó que el anterior Gobierno no hubiera evitado llegar a esta sentencia. "Es una noticia terrible. El fallo no condena el derecho de Bolivia de reformar o estatizar su administración previsional, pero condena la forma en que se ejecutó la transición, ese es el punto central".
Así, el analista consideró que "fue una combinación de demoras, de tratos arbitrarios, de fallas en la implementación de traspaso de la AFP a la Gestora Pública, la cual administra las pensiones de los bolivianos. Creo que técnicamente sí es consistente (el fallo). Ha habido un juicio internacional y pues se ha fallado precisamente por la implementación y no se cuestionó la nacionalización en sí".
Para Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija (sur), con esta condena "se trató de aplicar la normativa internacional. No se estaría sancionando la política pública, sino el daño causado en su ejecución".
El Gobierno nacional informó este 22 de abril que mantendría en secreto la fuente de financiamiento para esta indemnización. "El Estado tiene que pagar, o las consecuencias van a ser terribles. Se podría haber evitado esta situación si había una transición ordenada, con una mejor ingeniería legal. Se tardaron 13 años en el traspaso y ahí hemos perdido la batalla", opinó el economista.
Las AFP eran Previsión, de BBVA, y Futuro, del Zurich Insurance Group. Contaban con 1,3 millones de pensionados, por un monto de 2.200 millones de euros. Según el Gobierno, próximamente se tendrá que indemnizar con al menos 77 millones de dólares a la financiera suiza.
Con el dictamen del tribunal de Países Bajos, ya no quedarían más instancias a las cuales recurrir para revertir el fallo.
Romero explicó que en otras 11 demandas contra Bolivia se perdieron más de 700 millones de dólares: "Hay un efecto acumulado de daño. El Estado está perdiendo recursos que podrían haber sido utilizados en salud, educación y tantas necesidades del país. Ahora, por malas decisiones políticas se daña al Estado".
Comentó que "aquí no se trata de salirse de instancias internacionales porque no te favorecen, sino aclarar que se deben respetar las reglas de juego, o el Estado va a ser responsable de estas situaciones".
Otros pleitos
García explicó que los conflictos más relevantes fueron con Petrobras, de Brasil, y Repsol, de España, por la nacionalización de los hidrocarburos, sin embargo, aclaró que la empresa brasileña desistió de demandar al Estado boliviano.
También hay otro pleito pendiente con Euro Telecom Italia (ETI), la cual administraba la ahora estatal Entel, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
"La nacionalización en Bolivia tampoco fue muy grande. No fue a gran escala como en otros países, sin ir muy lejos, Venezuela. La nacionalización fue sobre recursos estratégicos. Hay más empresas que pueden acudir a la jurisprudencia con este fallo, pero los procesos son complicados", dijo el analista.
Y agregó: "Depende mucho de cómo está escrito el contrato de privatización, cómo está hecho el proceso de nacionalización y cómo se hace la defensa jurídica del país en el arbitraje internacional".
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