Sin embargo, la letra pequeña del comunicado estadounidense, fechado el 11 de marzo de 2026, revela una hoja de ruta condicionada. En el documento, el Departamento de Estado señala que su "compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por fases que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente electo".
Y sentencia: "Para facilitar esta transición, Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".
Analistas consultados por Sputnik advierten que el movimiento, más allá de ser un gesto de buena voluntad, responde a una estrategia de ingeniería jurídica y financiera para asegurar el cobro de deudas millonarias y reconfigurar el control sobre los recursos del país.
Un doble filo del reconocimiento
Para el politólogo venezolano Walter Ortiz, este movimiento debe leerse con lupa y enmarcarse en la estrategia de tres pasos que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha delineado para Venezuela.
"Estamos hablando de una estrategia de estabilización dentro de un proceso donde la determinación de la élite estadounidense (…) es cambiar el régimen político de la República Bolivariana de Venezuela. En mi criterio, esa determinación no ha cambiado en nada", sentenció el experto en charla con Sputnik.
Ortiz señaló también una paradoja central. Y es que "de las 1.087 sanciones que tiene Venezuela en este momento, ninguna ha sido levantada. Lo que vemos es la continuidad de una política de licencias". En este contexto, el reconocimiento tendría un doble filo. Por un lado, "abre las puertas para desescalar el tema de las sanciones", pero por otro, "tiene que ver con un conjunto de deudas que tiene el país, que no han podido ser ni honradas ni renegociadas porque Venezuela fue aislada totalmente del sistema internacional en materia financiera".
El analista profundizó en los dos grandes frentes que se abren: el primero es la propia cuantificación de una deuda externa que se ha multiplicado durante el bloqueo. "Al ser sacada del sistema SWIFT, no había posibilidades ni siquiera de hacer un proceso de renegociación", explica Ortiz. El segundo crucial es la reclamación por los daños de las sanciones. "Hay una cuantificación que se hizo desde Venezuela. En su momento, el presidente Nicolás Maduro habló de un daño estructural de unos 640.000 millones de dólares a la economía venezolana, solo entre 2015 y 2022. Yo creo que debemos dar esa batalla", afirmó, sugiriendo que esos daños deberían compensarse en cualquier acuerdo de reestructuración.
La jurisprudencia del dólar
La tesis de que el reconocimiento tiene un motor eminentemente económico y judicial es sostenida por el analista político Víctor Hugo Majano. En un análisis publicado en su blog, él sostiene que la jugada de Washington está directamente vinculada a un cambio de jurisdicción contractual impulsado por las recientes licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
"Obedece estrictamente a razones de carácter económico y de gobierno con respecto a los contratos fundamentalmente petroleros", explica Majano a Sputnik. "Las licencias 46 y 47 establecen un cambio de jurisdicción contractual. Las empresas estadounidenses van a prestar servicios en campos petroleros venezolanos, pero la decisión indica que los contratos se firman en Estados Unidos, de acuerdo con la legislación estadounidense, y la resolución de cualquier disputa va a ser administrada por los tribunales de ese país. Ese es el factor obligante para que se tomara la decisión de los reconocimientos".
Majano recordó el anuncio político de Trump el 7 de marzo y, tres días después, la carta del embajador Michael Kozak, funcionario de alto rango del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, notificando al tribunal del Distrito Sur de Nueva York que el gobierno federal reconocía a Rodríguez. ¿Por qué ese distrito? "Obviamente, es el distrito comercial simbólico de la ciudad, es Manhattan, es Wall Street. Es además la jurisdicción donde está siendo juzgado el presidente Maduro", apuntó Majano.
El analista señaló la maraña de litigios que esperan su factura y mencionó casos "absolutamente incoherentes", como una demanda contra el Estado venezolano por unos veteranos estadounidenses capturados por las FARC en Colombia, o el caso del concejal Fernando Albán, por el cual se reclaman más de 200 millones de dólares al presidente Maduro. "Son causas donde evidentemente es muy dudoso que Venezuela tenga que pagar una indemnización", sostuvo.
Algunos frentes que se abren
Para ilustrar hasta dónde puede llegar la factura, Majano se detiene en el caso de la minera Gold Reserve. La empresa, con una supuesta expropiación de 300 millones de dólares en la época de Hugo Chávez, llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial, donde la deuda creció a más de 1.100 millones con intereses. Luego, ante un tribunal en París, la cifra siguió escalando.
"Son esquemas de resolución de conflictos con supuestos inversores extranjeros, muchos de los cuales no son extranjeros ni siquiera son inversores. Su único propósito es obtener de cualquier nación que no tiene ni la tecnología, ni la competencia, ni las capacidades para manejar ese tipo de requerimientos, sus recursos naturales. Están expuestas por este tipo de estructura mafiosa", finalizó.
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