"El Estado ha perdido legitimidad ante la sociedad": ¿Qué ocurre con Ecuador y la crisis de seguridad?
22:30 GMT, 21 de febrero 2026
Samantha Arias
Desde Ecuador
El posicionamiento de Ecuador y sus puertos como nodos estratégicos para el envío de sustancias prohibidas hacia Europa, hace que el país sudamericano enfrente un desafío que trasciende las fronteras del narcotráfico y de sus límites territoriales.
Lea en SputnikEl debate a nivel nacional es entre políticas de seguridad de "mano dura" y una creciente
dependencia de la cooperación extranjera, mientras que la realidad en territorio revela una convergencia entre estructuras criminales, sectores empresariales y otros actores.
La transformación alarmante
Ecuador ha dejado de ser un "país de tránsito" de drogas para convertirse en un centro de operaciones transnacionales. Sin embargo, este fenómeno no surgió de la noche a la mañana.
La actual crisis de seguridad es el resultado de un proceso paulatino de 25 años que ha encontrado un terreno fértil en instituciones debilitadas y una base social que, según varios analistas consultados por Sputnik, en ausencia de la efectividad de
políticas de seguridad del Estado, ha comenzado a surgir nuevas redes de organizaciones armadas.
Para Luis Córdova, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, la presencia del Estado no debe medirse únicamente por el despliegue de militares en zonas del territorio nacional, sino por su capacidad de ser reconocido como una autoridad válida por la población.
"El hecho de que un Estado controle un territorio no significa que tenga presencia de Fuerzas Armadas necesariamente, sino que logre tener una base social que reconozca en el Estado la legitimidad suficiente para respetar su autoridad, para acatar sus disposiciones, eso es lo que no hay en amplias zonas de Ecuador", expone.
"El Estado ha perdido legitimidad frente a una inmensa base social y esa falta de legitimidad es capitalizada por estructuras criminales, organizaciones armadas que, con base en la violencia y obviamente en las economías ilícitas que promueven, logran generar nuevas redes de lealtad", explica Córdova.
El investigador señala que la violencia criminal no se distribuye de forma azarosa, sino que sigue una lógica económica ligada a la infraestructura estratégica del país.
Los focos se concentran en la frontera norte con Colombia, la provincia del Guayas —por sus puertos—, Manabí y El Oro, zonas donde convergen actividades pesqueras, petroleras y mineras. No obstante, Córdova advierte que, incluso en estos puntos críticos, la violencia no puede entenderse únicamente a través del prisma del narcotráfico.
Incautaciones récord
Si bien el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se centra en las macrotendencias de producción, el rol de Ecuador ha mutado de ser un actor periférico a un engranaje logístico indispensable.
La nación sudamericana no sufre por lo que produce, sino por su ubicación estratégica y
su infraestructura de conectividad global. Según datos de la ONUDD, el incremento en los flujos a través de territorio ecuatoriano
es una respuesta directa al récord histórico de cultivos de hoja de coca en los departamentos fronterizos.La escalada de las incautaciones en los últimos años es el indicador más elocuente de este fenómeno de "desborde". Mientras que en 2019 las autoridades decomisaron 82 toneladas de sustancias ilícitas, la cifra se disparó a 210 toneladas en 2021.
Sin embargo, el punto de inflexión más crítico ocurrió en 2024, cuando Quito cerró con una cifra récord de decomiso: 294,61 toneladas de droga.
Desnarcotizar la inseguridad
A pesar de este incremento del transporte ilícito de sustancias, los datos sugieren que la
inseguridad en Ecuador tiene múltiples motores, y que culpar exclusivamente al narcotráfico es una simplificación que reduce la eficacia de las soluciones.
"Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, apenas el 27,52% de las muertes violentas registradas entre el 2014 y octubre del 2025 están relacionadas directamente con la economía criminal del narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que siete de cada 10 [decesos] violentos que ocurren en Ecuador no tienen una relación directa con el narcotráfico. Por lo tanto, pensar que el narcotráfico es el único motor de la violencia criminal (...) es un gravísimo error", enfatiza Córdova.
Para el analista, hay que desnarcotizar la percepción sobre la inseguridad en el país. Existen otras economías ilícitas altamente rentables y violentas a las que no se les presta la debida atención: el tráfico y negocio de armas —donde nueve de cada 10 homicidios se producen con armas de fuego—, el tráfico ilegal de oro, el lavado de activos y el contrabando de mercancías y especies.
Además, uno de los puntos más sensibles de la situación ecuatoriana es la porosidad de sus instituciones que, de acuerdo con el especialista, ha sido visible a lo largo de las últimas décadas.
"Hay un triángulo vicioso, pero virtuoso para la criminalidad, que está integrado por actores criminales, actores políticos, agentes estatales y empresarios formales. Cuando hablamos de crimen organizado y lo que observamos en Ecuador es que hay una convergencia de estos tipos de actores", destaca el director de investigación.
Según el experto, la falta de una
política de depuración institucional permite la existencia de "topos" — vinculados a procesos de criminalidad organizada— que operan desde adentro para sabotear el éxito de las políticas estatales.
Lo que alarma
Por su parte, Daniel Pontón, doctor en ciencias sociales y decano de la Escuela de seguridad y defensa del Instituto de altos estudios nacionales (IAEN), coincide en charla para este medio en que el problema se ha agudizado, posicionando a Ecuador como un epicentro de salida de drogas hacia el continente europeo.
Sin embargo, se muestra en desacuerdo frente a etiquetas internacionales que, en ocasiones, califican al país de "narcoestado".
"Particularmente no estoy de acuerdo con esa nominación. Es una generalización peligrosa porque, a veces, justifica una serie de eventos no deseados en materia, por ejemplo, de cooperación. El tema de la
dependencia hacia potencias extranjeras que un poco tutelan este tipo de luchas, dispone y dan orden sobre qué se debe hacer, cómo se debe hacer y para qué se debe hacer. Eso de un país como Estados Unidos es muy marcado, es el nivel de dependencia que se tiene con ese país lo que justifica invasiones y otro tipo de factores", reflexiona Pontón.
El decano del IAEN resalta que la falta de efectividad de entidades como la justicia, la policía y las Fuerzas Armadas es preocupante, especialmente por la vinculación de exmiembros de estas instituciones que salen para prestar servicios directos organizaciones criminales y cuestionó acerca de dónde se toman las decisiones en materia de control del narcotráfico.
De igual modo, el experto deduce que no están en el Gobierno, sino en una especie de narcocorporativismo que habla ya de serias vinculaciones de narcotráfico con grupos sociales adinerados y el sector privado.
La corresponsabilidad internacional
Para Pontón, el crecimiento del mercado de drogas no puede entenderse sin analizar la demanda internacional y los factores económicos que generan caldos de cultivo para las organizaciones criminales. En su opinión, el enfoque puramente punitivo es ineficiente.
"Ecuador es responsable mucho de lo que ha pasado como país, pero muchas cuestiones de lo que pasa en el contexto internacional no las dominamos ni controlamos. La cooperación no solamente está en el ámbito de la judicialización o la criminalización, sino también en atacar el problema de una manera mucho más integral. El punto clave aquí es recuperar la capacidad de las instituciones de resolver los problemas", resalta.
El diagnóstico de ambos especialistas sitúa a Ecuador en una encrucijada histórica. La inseguridad y el crimen organizado en el país no parecen ser subproductos exclusivos del narcotráfico, sino el resultado de factores estructurales que demandan una respuesta sistémica.
Esta visión integral incluye desde políticas de educación hasta el fortalecimiento de la toma de decisiones soberanas frente a las presiones externas, más bien propone el análisis profundo de la oferta y la demanda.
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