Milei anunció que el Gobierno evitará recurrir al mercado internacional de crédito y, simultáneamente, buscará reducir de manera sostenida la cantidad de títulos públicos en circulación. En su lugar, avanzará en la privatización de empresas públicas y en la venta de activos estatales, ello como vía para obtener los dólares necesarios para afrontar los cuantiosos vencimientos de deuda previstos para este año y los próximos.
Según explicó el Ejecutivo, la estrategia apunta a sostener una política de "escasez de bonos", limitando la oferta de deuda soberana como mecanismo para apuntalar la baja del riesgo país, que mide la probabilidad de incumplimiento de los compromisos asumidos. Según sostuvo el mandatario, el esquema priorizaría el uso de recursos propios antes que el endeudamiento externo, en un contexto de acceso todavía restringido al financiamiento internacional.
El anuncio se produce en un escenario exigente para las cuentas públicas. Solo en enero, el Tesoro afrontó pagos por más de 4.000 millones de dólares en bonos soberanos, mientras que el calendario de vencimientos para 2026 ronda los 18.000 millones de dólares, incluyendo compromisos con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La magnitud de esos pagos obliga a la Casa Rosada a definir fuentes alternativas de financiamiento en moneda extranjera.
La presión emerge por la marcada escasez de divisas del Banco Central. Si bien durante los primeros dos años de gestión libertaria hubo una leve mejora en las reservas brutas, las netas continúan en terreno negativo: el Estado argentino debe más dólares de los que tiene. Este escenario refuerza la necesidad oficial de generar dólares por fuera del endeudamiento externo, que continúa siendo costoso por el elevado riesgo país.
En la lista de compañías que el Ejecutivo busca privatizar aparece Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), responsable del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La empresa presta servicio a más de 14 millones de personas, opera una de las redes de agua y cloacas más grandes de América Latina y cuenta con una dotación superior a los 6.000 empleados. El Ejecutivo analiza alternativas que incluyen la venta parcial del capital y esquemas de concesión.
También figura Belgrano Cargas y Logística, la operadora estatal del transporte ferroviario de cargas. La compañía administra una red de más de 7.600 kilómetros de vías que atraviesa 17 provincias y cumple un rol clave en el traslado de granos, minerales y productos industriales desde el norte argentino hacia los puertos de exportación. La Administración de Milei sostiene que su privatización permitiría atraer inversiones para modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad logística.
A estas iniciativas se suman los procesos ya iniciados en el sector energético. El Gobierno puso en marcha la venta de las acciones estatales en centrales hidroeléctricas estratégicas, entre ellas El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos contratos de concesión fueron renovados y relicitados. Estas represas, ubicadas principalmente en la Patagonia (sur), representan una porción relevante de la generación eléctrica del país y constituyen activos de alto valor.
Dentro del menú de privatizaciones ya concretadas también figura la privatización de IMPSA, la empresa metalmecánica especializada en equipamiento para energía hidroeléctrica, nuclear y eólica. La firma, que llegó a emplear a más de 700 trabajadores y acumulaba un elevado nivel de endeudamiento, fue transferida al sector privado como parte de la política de retiro del Estado de actividades productivas consideradas no estratégicas.
El plan oficial también incluye la venta de inmuebles y activos no estratégicos del Estado nacional, así como la reorganización societaria de empresas públicas con vistas a futuros procesos de privatización. En paralelo, el Ejecutivo habilitó la venta de participaciones estatales en distintas sociedades y avanzó en cambios normativos para facilitar el desprendimiento de activos.
¿Gesto a los mercados?
"La estrategia del Gobierno es mostrar voluntad de pago para recuperar credibilidad", dijo a Sputnik el economista Christian Buteler. Para el experto, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ejecutivo apostó a cumplir todos los compromisos financieros como señal hacia los inversores.
"La idea era pagar absolutamente todo, mostrar seriedad, equilibrio fiscal y orden monetario para volver al mercado voluntario de crédito", explicó.
Según el consultor, dicho enfoque combinaba disciplina fiscal con fundamentos macroeconómicos que, en teoría, debían facilitar el regreso al financiamiento externo. "No era solo voluntad de pago, sino una conducta fiscal y monetaria consistente", señaló.
Sin embargo, sostuvo que la estrategia comenzó a mostrar límites hacia fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando la Casa Rosada decidió sostener un tipo de cambio fijo para acelerar la desaceleración de la inflación
"Ese movimiento generó una crisis porque el dólar no aguantaba a un precio tan bajo", remarcó. A partir de ese momento, detalló, "el mensaje dejó de llegar con la potencia que el Gobierno esperaba", y el riesgo país "dejó de bajar", incluso con equilibrio fiscal y compras de dólares por parte del Banco Central.
La nueva táctica, explicó, consiste en reducir la oferta de bonos y financiarse por vías alternativas.
"La idea es decirle al mercado: si quieren riesgo argentino, compren los bonos que ya están en circulación", sostuvo. Según Buteler, el objetivo es que esa escasez empuje a la baja el riesgo país y genere condiciones para una eventual vuelta al crédito voluntario.
Una decisión política
El diagnóstico de los especialistas exhibe matices. Consultado por Sputnik, el historiador especializado en la deuda externa argentina, Alejandro Olmos Gaona, cuestionó la idea de que el Gobierno haya decidido abandonar voluntariamente el mercado internacional de deuda y advirtió que la estrategia oficial "responde más a una restricción que a una elección política".
"Esto de abandonar el mercado internacional de deuda es una ficción", afirmó. Según explicó, Argentina hoy no puede acceder al crédito externo en condiciones razonables.
"No es que quieren abandonarlo, es que no pueden acceder con un riesgo país elevado y tasas del 9% de interés", sostuvo, al señalar que el discurso oficial busca encubrir esa limitación.
Olmos Gaona también puso en duda la viabilidad de financiar los compromisos de deuda mediante privatizaciones. "Lo que se pueda privatizar no alcanza ni remotamente", dijo, y precisó que los vencimientos totales superan ampliamente el caudal de recursos que el Ejecutivo podría reunir. "¿Cuánto dinero van a tener que conseguir para afrontar esos compromisos?", planteó.
El investigador trazó un paralelismo histórico con la década de 1990. "Ya tenemos un ejemplo", recordó.
"Se privatizó el agua, la energía, todo para reestructurar la deuda, y lejos de bajar, pasó de 62.000 millones en 1992 a 140.000 millones ocho años después". A su juicio, los datos oficiales muestran que la venta de activos no resolvió el problema estructural.
En ese sentido, citó cifras del propio Ministerio de Economía para refutar el discurso de reducción del endeudamiento.
"En diciembre de 2023, la deuda era de 370.665 millones de dólares. En diciembre de 2025 es de 455.000 millones", afirmó. Y agregó: "Solo en diciembre aumentó 9.000 millones, y en noviembre otros 3.785 millones".
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