El reporte, difundido por un medio del país norteamericano, cita a fuentes familiarizadas con los planes que aún se encuentran en etapas preliminares.
La medida se enmarca en los esfuerzos de la Administración actual por ofrecer garantías de seguridad a largo plazo y convencer a las grandes petroleras de reinvertir en la debilitada industria del país.
Mercenarios como escudo para la inversión
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con empresas petroleras para convencerlas de invertir en el sector energético de Venezuela. Sin embargo, el escepticismo del sector privado del país norteamericano quedó en evidencia. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, expresó que el mercado venezolano es "no invertible" en su estado actual.
Para el experto en asuntos internacionales Oswaldo Espinoza, la reticencia de las grandes compañías petroleras no es política, sino de seguridad operativa en el terreno.
Las evaluaciones que realizan se basan en riesgos inmediatos que enfrentaría el personal e infraestructura de las empresas.
Sin embargo, dichas prospectivas son afectadas por sesgos como los que producen las alertas de viaje de Nivel 4 del Departamento de Estado, que el 10 de enero pidió a los ciudadanos estadounidenses dejar el país debido al riesgo de "terrorismo, secuestro, disturbios civiles y milicias armadas".
El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció a través de un comunicado dicha alerta, por fundamentarse "en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe". Además, indicó que Venezuela se encontraba "en absoluta calma, paz y estabilidad".
Sin embargo, la narrativa surte su efecto. En especial, tal como considera Espinoza en entrevista para Sputnik, para justificar el uso de contratistas militares privados, con el fin de crear un entorno seguro a largo plazo que pueda convencer a las petroleras de reinvertir.
La lógica de esta clase de iniciativas, además de mover una industria muy lucrativa, es proporcionar un escudo de seguridad directo y especializado para la infraestructura y el personal de las compañías, asegurando activos valorados en miles de millones de dólares, y así transformar un país considerado "no invertible" en un destino viable para el capital estadounidense.
Desde la perspectiva del derecho internacional, Espinoza explica que los contratistas privados son civiles empleados por empresas, por lo que tienen legislaciones contempladas dentro del marco del derecho internacional humanitario.
"Esa protección está garantizada solo si no violan las leyes del país anfitrión", aclara. "Si estos contratistas violan las leyes nacionales y participan activamente en un conflicto armado, las autoridades nacionales pueden arrestarlos y juzgarlos", añade el experto.
Un historial conflictivo
Entre los posibles involucrados podría estar Erik Prince, el fundador de la polémica empresa Blackwater. Espinoza contextualiza este dato repasando el historial documentado.
Recuerda el caso de 2007 en Irak, donde proveedores de la firma mataron a 17 civiles, un proceso que "derivó solo siete años después en la condena de cuatro contratistas, que luego fueron indultados solo unos años después".
Pero el experto destaca que la actividad de Prince no es un asunto del pasado. "En América Latina en los últimos tres años ha estado muy activo", afirma. Menciona su participación en Haití y en Ecuador donde, según reportes, se involucró directamente en operativos policiales bajo contrato con el Gobierno del presidente Daniel Noboa, esto en aras de supuestas tareas de combate al narcoterrorismo.
Espinoza añade que Prince también está en conversaciones con las administraciones de El Salvador y Perú.
En el caso venezolano, el experto señala que "Prince ha estado ofreciendo desde hace años sus servicios a Estados Unidos y la oposición venezolana (…) con un ejército privado. Ha sido señalado de participar en eventos de desestabilización y terrorismo contra el sector energético" nacional.
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20 de noviembre 2024, 01:47 GMT
Implicaciones y riesgos
El planteamiento de Washington para hacer atractiva la inversión en Venezuela a través del uso de contratistas de seguridad privados, tiene una lógica: subcontratar el envío de personas armadas y entrenadas para no desplegar tropas regulares, y así evitar el rechazo mediático y político de la región.
A juicio del analista, frente a esta clase de propuestas, el Estado venezolano debe responder ejerciendo su potestad exclusiva como único garante de la seguridad en su territorio.
El marco jurídico es el punto de partida ineludible, y cualquier acción deberá contar con la autorización y la supervisión directa y permanente del aparato institucional del país sudamericano.
La fortaleza nacional en este escenario se sustenta en un legado histórico y político irrenunciable. Como recuerda el experto, desde la nacionalización petrolera en la década de 1970, "las instalaciones e infraestructura petrolera han estado a cargo de forma exclusiva y soberana de las fuerzas del Estado venezolano".
"Más que un problema logístico, la presencia de fuerzas de seguridad privadas extranjeras representa un examen crucial para la diplomacia venezolana y su capacidad de defender, en un contexto de alta tensión, la autodeterminación, su territorio y el control pleno sobre sus recursos estratégicos", concluye.
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