El Gobierno de Rodrigo Paz decretó la liberación de la importación de combustibles por parte de privados, con el objetivo de reducir la escasez de gasolina y diésel que aún se siente en algunas ciudades bolivianas. De esta manera, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) dejó de centralizar la comercialización de carburantes en mercados internos y externos.
El mandatario arrancó el año con la firma de más de una decena de decretos, mientras se extienden las vacaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) ya se había avanzado con la liberación de importación de combustibles.
El economista Martín Moreira comentó para Sputnik que, en las actuales condiciones de la economía boliviana, este negocio se vuelve competitivo para los privados.
En el decreto 5517 no se ahorraron señalamientos contra las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS): "Bolivia enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter estructural y terminal, heredada del anterior Gobierno, cuya combinación de abusos, mala administración y despilfarro ha generado un deterioro profundo de las condiciones de vida".
También acusó a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce de haber ocasionado "el mayor desabastecimiento de combustibles de la historia nacional". Además, se refirió a los supuestos hechos de corrupción investigados en YPFB, los cuales "vulneraron la confianza pública en la administración estatal".
En este sentido, la liberación de la importación de combustibles apunta a reactivar el aparato productivo, fundamentalmente en "minería, agricultura y los sectores comerciales e industriales, superando de esta manera las trabas impuestas por el país tranca", y de esta manera "coadyuvar a la recuperación económica del país y dar certeza a su población".
Alcances de la emergencia
El nuevo decreto declaró la "Emergencia Energética y Social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el proceso inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles". El economista Omar Velasco analizó el texto del 5517 y, en principio, se detuvo en dicha medida, que generalmente se aplica ante desastres naturales o situaciones de conmoción interior.
La declaratoria de emergencia facilita al Estado la adquisición de productos y la asignación de fondos saltándose algunos procedimientos administrativos, comentó Velasco a Sputnik.
"La declaratoria de emergencia, antes económica (en el extinto decreto 5503) y ahora energética, no son figuras legales reconocidas en la normativa nacional. ¿Qué se podría entrever de esta acción? Que la declaratoria de emergencia faculta a entidades del Estado a saltarse procedimientos administrativos, de control y fiscalización que están en la ley", explicó.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos celebró la aprobación del decreto 5517. Con la eliminación de la subvención a los combustibles, el Gobierno de Paz estableció nuevos precios que "son referenciales para la venta en estaciones de servicio y no constituyen precios únicos ni máximos".
El Ministerio destacó que, según la Constitución, YPFB tiene "la totalidad de las atribuciones sobre la importación y comercialización de combustibles. En ese contexto, YPFB asumía un rol integral en la cadena, definiendo el uso, procesamiento y precio del producto".
Con la promulgación del decreto 5517, "el Gobierno implementa un mecanismo complementario que fortalece el abastecimiento, reduce la vulnerabilidad ante eventuales faltantes y genera condiciones para un mercado más competitivo en beneficio de la población", según el comunicado.
Decretos
A mediados de diciembre pasado, Paz firmó el decreto 5503, que puso fin a la subvención a los carburantes, entre otras medidas. Le siguieron semanas de protestas sociales y negociaciones con organizaciones, que concluyeron en la abrogación de esa normativa. Pero fue sustituida por el decreto 5516, que mantiene la eliminación del financiamiento estatal a la gasolina y al diésel.
También se ratificaron los precios establecidos por el 5503: el litro de la gasolina, a 6,96 pesos bolivianos (equivalente a un dólar); el litro de diésel, a 9,80 pesos, mientras la gasolina premium está a 11 pesos el litro.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, sostuvo que estos costos se mantendrán congelados por seis meses. En julio próximo "evaluaremos cómo está el mercado internacional, porque en función a ello el precio puede subir o bajar", declaró.
Desde 2023, el enfrentamiento interno en el MAS imposibilitó el ingreso de divisas al país, operación que debía contar con el aval de una Asamblea incapaz de arribar a los mínimos acuerdos. Esto generó escasez de esta moneda y la consiguiente aparición de un dólar paralelo en el mercado negro, cuyo costo llegó a 23 pesos: más del triple de la cotización oficial. La llegada del Gobierno de Paz permitió achicar la brecha, hasta las 9,60 unidades en estos días.
Ambos analistas consultados por este medio coincidieron en que, para julio de 2026, el Gobierno implementará una única cotización del dólar, que se basará sobre el costo del paralelo. "Cuando el Gobierno tome la decisión de unificar el tipo de cambio, se va a consumar la devaluación de la moneda. Lógicamente, entonces va a ocurrir un reajuste de precios de los combustibles", advirtió Velasco.
El poder de los mayoristas
Para Moreira, con la liberación de la importación de los combustibles, y el consiguiente desplazamiento de YPFB, reaparecerá la figura de los compradores mayoristas de gasolina y diésel, quienes "van a manejar el precio. El mercado va a establecer el precio de acuerdo a su conveniencia. El ingreso de combustibles va a quedar enteramente en manos de los privados, eso puede provocar que el costo del carburante vaya subiendo", consideró.
El decreto 5517 también retira al diésel de la lista de sustancias controladas, ya que es utilizado en la fabricación de cocaína. Pero, a la vez, este combustible es el más utilizado en las maquinarias agrícolas, mineras e industriales.
Moreira evaluó que esta disposición es "muy peligrosa, porque ahora los mayoristas pueden vender grandes cantidades de diésel, el cual pueden distribuir sin control, por lo cual se incrementa la posibilidad de que llegue a algún empresario que actúe como intermediario de un narcotraficante. Pero ya nadie lo va a investigar".
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