Las horas previas y las posteriores a la Navidad no fueron tan pacíficas en Uruguay. Una seguidilla de siete asesinatos cometidos en menos de 48 horas en Montevideo volvió a alertar sobre el alto índice de homicidios y la violencia de la criminalidad, problemas que el pequeño país sudamericano no logra solucionar a pesar de su estabilidad económica y presencia estatal.
Los números son elocuentes: Uruguay cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 10,7 cada 100.000 habitantes, un número que prácticamente duplica el promedio mundial de 5,8.
La nación sudamericana también triplica la de otros países de la región como Chile, que registra una tasa de 2,5, y de Argentina, que cerró el 2024 con 3,8.
En números absolutos, el territorio uruguayo había cerrado el primer semestre con 179 homicidios. Si bien la cifra es un 1,6% menor que la de 2024, también hace prever que el país culminará el 2025 con cerca de 400 asesinatos.
De acuerdo con cifras oficiales, el 64% de los crímenes fue cometido con un arma de fuego y el 60,7% en la vía pública o algún espacio abierto. Si bien en el 41,5% de los casos la Policía no ha logrado establecer un vínculo entre la víctima y el agresor, el Gobierno uruguayo señala que el 52,1% de las personas fallecidas por ese delito ya tenía antecedentes penales.
La racha de homicidios de los últimos días de diciembre y la falta de cambios estadísticos llevó a la oposición uruguaya a analizar la posibilidad de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, un exfiscal de Homicidios a quien el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, eligió por su experiencia en el abordaje de la criminalidad.
En rueda de prensa con medios uruguayos, Negro aseguró que los homicidios de las horas navideñas se relacionan "con las épocas violentas que vivimos", y afirmó que el final del año y el comienzo del verano austral suelen ser "fechas que tradicionalmente concentran este tipo de episodios".
Un alza que enciende alarmas
En diálogo con Sputnik, el experto uruguayo en seguridad Robert Parrado recordó que la cantidad de homicidios registrados en el país ha venido aumentando consistentemente en la última década, a pesar de varias modificaciones en el actuar policial introducidas por los diferentes gobiernos.
Para Parrado, comisario mayor retirado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública, contrastar las cifras uruguayas con las de otros países no resulta tan útil como la "comparación del país consigo mismo", para entender el sucesivo incremento de los delitos y la violencia.
En este proceso comienzan a fortalecerse fenómenos como el crimen organizado en el país y redes delictivas que pueden abarcar a diferentes sectores de la sociedad, que terminan convirtiendo al delito en algo cotidiano en sus vidas.
"Yo siempre digo que el delincuente uruguayo es multitarea e incluye hasta el que te da el depósito para guardar autos robados utilizados en una rapiña de magnitud para comprar droga hasta el que planifica o esconde las armas. Cuando quieres acordar, hay una ruta", explicó el experto.
Parrado también se mostró escéptico en relación al efecto que la detención de grandes narcotraficantes tiene en la cantidad de homicidios, a propósito del reciente arresto en Argentina de Luis Fernández Albín, imputado en Uruguay por su vínculo con un cargamento de 2.000 kilos de cocaína en Uruguay y considerado un importante líder del narcotráfico en el país.
Para el experto, las organizaciones criminales se estructuran en forma piramidal, lo que les permite "un relevo rapidísimo". El analista mencionó que esta característica es la que llevó al ministro Negro a advertir, a mediados de 2025, que la lucha contra el narcotráfico "es una batalla perdida".
"Todos sabemos que es una batalla perdida; EEUU no pudo y nadie pudo porque es la multinacional más grande del mundo y siempre le encuentra la vuelta", advirtió Parrado.
En ese sentido, lamentó los problemas que el país ha tenido para montar equipos especializados de agentes que custodien las fronteras o la falta de aviones o patrullas oceánicas modernas para el control territorial.
Los problemas del sistema penitenciario uruguayo no ayudan a la baja de homicidios. Parrado ponderó que uno de los grandes problemas del país radica en el "punitivismo" que, al tiempo que incrementó las penas, no prevé una rehabilitación efectiva de los encarcelados. Así, señaló, muchos de los presos que recuperan su libertad no han pasado por procesos de aprendizaje de oficios, hábitos de trabajo o aprendizajes sobre el manejo de la violencia.
Un nuevo Plan de Seguridad
Apenas asumió su cargo al frente del Ministerio del Interior en marzo de este año, Negro anunció un Plan Nacional de Seguridad enfocado en reducir "los altos niveles de violencia que han elevado el número de homicidios", así como limitar la alta circulación de armas en el país y, también, mejorar las condiciones de rehabilitación en las cárceles uruguayas.
Sin embargo, la entrada en vigencia del plan se aplazó hasta el 1 de enero de 2026, dado que su aplicación dependía de la aprobación, en el Parlamento uruguayo, del Presupuesto del Gobierno de Orsi para los próximos cinco años.
Así, el "Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035" presentado por el Gobierno se basa en "una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado", así como en la "planificación a largo plazo, participación democrática y uso intensivo de la evidencia".
Las nuevas acciones del Gobierno también incluyen sumar 1.500 efectivos policiales nuevos y hasta la creación de una Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), una "unidad de élite de la Policía Nacional" uruguaya y que tendrá entre sus funciones "intervenir en situaciones críticas vinculadas a la violencia organizada".
Parrado valoró que la Policía utilice la evidencia y la tecnología de la que dispone para mejorar su respuesta ante el crimen. Eso implica, según el experto, mejorar el manejo de la información policial para sistematizar los datos y poder atender de manera más efectiva los delitos que se cometen en el territorio.
De todos modos, consideró que es vital ver "cómo se aterrizan" los conceptos planteados por el Plan de Seguridad al accionar policial, dado que en el pasado la cartera del Interior ya ha incurrido en errores que, cuando pretendían mejorar la respuesta, la empeoraron. En ese sentido, recordó que gestiones anteriores de la coalición de izquierda Frente Amplio como de los tradicionales partidos Nacional y Colorado han desarticulado cuerpos policiales para generar otros que finalmente no resultaron efectivos.
Así las cosas, Parrado refirió que Uruguay debería propender a un modelo policial "mucho más de investigación" y que valore la experiencia acumulada de los investigadores policiales, algo que, subrayó, no ha sido valorado en los últimos años.
Asimismo, el analista precisó que el Gobierno debería centrarse, antes que en los homicidios, en las rapiñas, delitos identificados por el Código Penal nacional como robos mediante el uso de la fuerza.
"El delito bisagra es la rapiña. Si se controla, se podría evitar un porcentaje de los homicidios. Luego el narcotráfico y la violencia doméstica son otra cosa", planteó el experto en seguridad.
Según el Gobierno de la nación sudamericana, las rapiñas tuvieron una disminución del 14,99% entre el primer semestre 2024 y el mismo período de 2025.
De todos modos, Uruguay mantiene una tasa de 488,5 rapiñas cada 100.000 habitantes, una cifra que, según Parrado, podría llegar a representar que, en el tiempo, prácticamente toda la población del país hubiera sufrido un evento de este tipo de forma directa o indirecta.
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