Expresidentes condenados: ¿a qué se debe la "judicialización de la política" en América Latina?
02:30 GMT, 8 de agosto 2025
Más allá de los pormenores de cada caso, cuatro expresidentes latinoamericanos ya recibieron condenas en lo que va del 2025 y la lista podría extenderse. Expertos consultados por Sputnik reflexionaron sobre las causas de una creciente "judicialización de la política", límites del 'lawfare' y los riesgos que afrontan las democracias de la región.
Lea en SputnikMás allá de las diferentes particularidades de cada causa, todos los casos abonan lo que parece ser una creciente tendencia en la región: mandatarios que acaban condenados una vez alejados del poder.
La lista podría sumar un expresidente más en los próximos meses, teniendo en cuenta que la Fiscalía de Paraguay abrió en agosto una investigación contra el exmandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023), por supuestamente tener cuentas en paraísos fiscales.
La tendencia, incluso, podría ampliarse a otros líderes que ya han sabido pasar por el sistema judicial.
El actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva,
debió pasar 580 días en prisión por una condena de corrupción que finalmente fue anulada; el peruano
Pedro Castillo se mantiene detenido desde diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso mientras era presidente y el expresidente ecuatoriano
Rafael Correa (2007-2017)
sigue en el exilio mientras denuncia una persecución en su contra.
"Se ha incrementado la judicialización y ya es una costumbre en la región. A esta altura, terminar [en esta situación] es un riesgo claro que tienen los mandatarios a la hora de terminar sus mandatos", dijo a Sputnik el analista internacional argentino Gonzalo Fiore.
Para el experto, esta creciente tendencia debería "ser un llamado de atención para todos" en virtud de que todos los presidentes pueden acabar pasando por los tribunales en la medida en que, al parecer, "cuando cambian los vientos políticos también cambian los vientos del sistema judicial".
También consultada por Sputnik, la politóloga argentina Silvina Romano reconoció que "la judicialización de la política es un hecho grave en la región" y advirtió que es uno de los factores detrás de la "pérdida de calidad de nuestras democracias". Para la analista, el gran problema con el fenómeno radica en la responsabilidad que se otorga a los poderes judiciales, "que son los menos representativos y los más elitistas".
Por su parte, la analista mexicana Ana Vanessa Cárdenas dijo a este medio que una de las explicaciones de la creciente judicialización de exmandatarios está en el aumento de la "polarización" política en los países de la región.
"Estamos viendo escenarios muy polarizados y eso ha hecho que se dificulten ciertos pactos (...) que existían en el pasado, incluso entre políticos de diferentes bancadas", afirmó.
'Lawfare' y los intereses de los sistemas judiciales
Silvina Romano, politóloga argentina y coordinadora del Observatorio Lawfare, explicó a Sputnik que existen diferencias claras entre el caso de Uribe, que afrontó proceso judicial ajustado a derecho, con los de Lula da Silva, Fernández de Kirchner o Correa, que para su organización "estuvieron acompañados de una violación al debido proceso".
"Uribe tampoco enfrentó un linchamiento mediático, como sí atravesaron Lula da Silva o Fernández de Kirchner, escrachados por medios internacionales", reflexionó.
Para Romano, la creciente judicialización de la política puede ser considerada "una amenaza peor" para las democracias latinoamericanas que la propia corrupción, debido a que son los tribunales superiores de los países los que acaban "marcando la agenda política".
"Es justamente el poder del Estado que no es elegido por el voto popular el que marca el destino de los países, proscribiendo candidatos e impidiendo que se presenten a elecciones", añadió.
La académica caracterizó a esas "cúpulas judiciales" como "minorías privilegiadas que pertenecen o están vinculadas a sectores conservadores en lo político". Según la experta, provienen de procesos de modernización de los poderes judiciales impulsados desde la década de 1980 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o
directamente de los organismos estadounidenses como la USAID."Esas reformas siempre tuvieron como eje los parámetros del liberalismo y acomodar el Poder Judicial a las necesidades del mercado", comentó.
El experto ecuatoriano en Relaciones Internacionales Santiago Carranco Paredes enfatizó la importancia de que los países latinoamericanos no se aparten de los conceptos de "República" y que, más allá de los intereses de las mayorías, mantengan "un sistema de pesos y contrapesos y una clara división de poderes".
Cárdenas advirtió que, si bien "por un lado, es bueno que se está apresando a políticos cuando verdaderamente han incurrido en algún delito", la persecución judicial contra exmandatarios y líderes políticos se ha utilizado mayormente "como moneda de cambio y arma contra adversarios".
"Al ver esto cada día lo que ha provocado es que la sociedad tenga un hartazgo de los políticos y haya poca confiabilidad en las autoridades", expresó.
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