Sin embargo, de acuerdo con la cadena estadounidense CNN, esto podría generar críticas contra la Administración del político republicano.
"No está tan claro si el pueblo estadounidense realmente desea esta activación militar. De hecho, ya han rechazado este tipo de medidas en el pasado. Es posible que el Gobierno esté arriesgando enormemente la tolerancia [de la población local] ante una respuesta federal contundente", señaló.
La publicación indicó que prueba de ello fueron las protestas de 2020, derivadas del Black Lives Matter (BLM). Pero hay una diferencia: en aquella ocasión, las movilizaciones surgieron en contra de la violencia racial.
"En 2020, las protestas por la justicia racial fueron relativamente populares y la gente no las consideró particularmente violentas. Los estadounidenses simpatizaron con la causa, creyendo que George Floyd había sido asesinado por la policía. Es demasiado pronto para saber cómo ve la gente a los manifestantes en Los Ángeles", puntualizó.
Un termómetro
A pesar de que aún es pronto para saber exactamente qué parte de la sociedad del país norteamericano estará a favor o en contra de las movilizaciones contra las medidas migratorias, hay algunas encuestas que dan un primer vistazo sobre la situación.
"En la encuesta de CBS News/YouGov, realizada antes de que estallaran las protestas del 7 de junio en Los Ángeles, los estadounidenses afirmaron aprobar el programa de deportación de Trump (54-46%). También les agradaron sus 'objetivos', con un 55-45%", refirió CNN.
Pero, aseveró el medio estadounidense, eso no significa que avalen totalmente las acciones gubernamentales. En el mismo ejercicio, la población local mostró una desaprobación entre el 44 y 56% respecto a la manera en la que el presidente de EEUU lleva a cabo las deportaciones de migrantes.
"Esta es una dicotomía que observamos en muchas encuestas sobre las acciones de deportación de Trump (...). Una posible razón: los estadounidenses ven al Gobierno actuando de forma desordenada. Esto podría ser especialmente cierto en casos como la deportación de personas indebidas y acciones que han sido suspendidas por los tribunales, incluyendo aquellas en las que los jueces han declarado que no se ha garantizado el debido proceso", indicó.
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