De acuerdo con el artículo, las autoridades alegan que esta medida ayudaría a reducir una carga regulatoria innecesaria.
Sin embargo, los conservacionistas advierten que esto abriría la puerta a la tala, minería, extracción de petróleo y gas; construcción de viviendas y otras actividades perjudiciales ecológicamente en zonas habitadas por seres en peligro de extinción.
¿Cuál es la propuesta?
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), indica el WSJ, propusieron que el concepto "daño" sea definido de la siguiente manera:
"Matar o herir intencionalmente a un animal en particular en lugar de degradar el hábitat que una especie necesita para encontrar alimento, reproducirse y prosperar".
Lo anterior al considerar que se trata de una interpretación más estricta que refleja el "único y mejor" significado de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y "tiene sentido a la luz de la comprensión bien establecida y centenaria".
"Esto revoluciona la forma en que hemos protegido a las especies en peligro de extinción durante los últimos 40 años", le dijo al medio estadounidense Noah Greenwald, de la organización sin fines de lucro Centro para la Diversidad Biológica.
El experto observó que la propuesta es "un paso más" en el retroceso regulatorio en materia de vida silvestre que los funcionarios del republicano ya intentaron en el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021).
"Simplemente, afecta la esencia de la Ley de Especies en Peligro de Extinción", asevera Greenwald.
Según el WSJ, dicha legislación —aprobada en 1973— ofrece un amplio espectro de protecciones, al prohibir que las personas realicen acciones que "acosen, dañen, persigan, cacen, disparen, hieran, maten, atrapen, capturen o recolecten" plantas y animales al borde la extinción para que puedan tener una oportunidad de recuperación.
Además, detalla el medio, a lo largo de las décadas, las regulaciones federales se han basado en el entendimiento de que "daño" incluye cualquier acción cometida por individuos, agencias gubernamentales y empresas que degrade significativamente un hábitat.
"La Corte Suprema confirmó esta interpretación en 1995 después de que las empresas madereras intentaran talar bosques que albergan búhos moteados del norte y pájaros carpinteros de cresta roja, protegidos por la ley", precisa el WSJ.
No obstante, en 2024, el máximo tribunal restringió drásticamente la facultad de las agencias federales para emitir regulaciones que gravan a las empresas. Frente a ello, la Administración Trump alega que su propuesta de norma se sujeta a dicha decisión y, supuestamente, se ajustaría más al lenguaje de la ley.
De esa manera, únicamente serían ilegales las acciones que lastimen directamente a un animal, como dispararle. No así la tala de árboles, pese a que, sin estos, los grupos de aves no podrían construir nidos y, menos aún, sobrevivir.
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