El presidente argentino Javier Milei se anotó un nuevo triunfo legislativo al conseguir que la Cámara de Diputados aprobara la ley de Ficha Limpia, que impide la postulación a candidaturas a cargos electivos a quienes tengan una condena por corrupción ratificada por un tribunal de segunda instancia. La medida, que será tratada en el Senado, dejaría fuera de carrera a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
El debate parlamentario, que se extendió por 12 horas, redundó en una clara victoria de La Libertad Avanza: con el apoyo del PRO —partido de Mauricio Macri—, cosechó 144 votos a favor contra 98 negativos. Los diputados que rechazaron el proyecto, todos ligados a la exmandataria, denunciaron que el Ejecutivo busca "proscribir" a Fernández, invalidándola de presentarse en las próximas elecciones legislativas a realizarse en octubre.
14 de noviembre 2024, 22:00 GMT
El cambio impulsado implica la cesión de mayor relevancia al Poder Judicial. Hasta ahora, una persona quedaba marginada de cualquier candidatura solamente si su sentencia había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, cuyos pronunciamientos suelen demorar meses, incluso años. La iniciativa oficialista establece que para excluir a un dirigente bastará un fallo adverso en la Cámara de Casación, de segunda instancia.
Nada es casualidad. Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a esa precisa situación judicial: en noviembre último, Casación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida popularmente como "Vialidad", centrada en la adjudicación irregular de obra pública a un empresario presuntamente ligado a la familia Kirchner.
Dado que desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia, Fernández no ocupa ningún cargo legislativo ni ejecutivo, ha quedado desprendida de cualquier fuero que la blindara del cumplimiento de las penas recibidas. No obstante, podría recuperarlos en caso de postularse como candidata a diputada en los comicios de medio término.
No obstante, la última palabra la tendrá el Senado nacional, virtualmente controlado por una mayoría peronista. De fracasar, se trataría del tercer intento fallido de sancionar la ley, tras el naufragio que tuvo la iniciativa a fines del 2024, cuando los legisladores oficialistas fueron señalados como responsables de boicotear el tratamiento del proyecto para así mantener en el ring a la expresidenta, en pos de una supuesta estrategia de polarización impulsada desde el Ejecutivo.
Viento favorable al oficialismo
"Este es un triunfo del Gobierno y de todos los espacios que votaron a favor", dijo a Sputnik el politólogo Julio Burdman. Según el experto, "aun si esto no prospera en el Senado, quedará el registro de que Milei quiso avanzar contra la corrupción".
"El Gobierno pretende dar una batalla cultural con este tema. Está respondiendo a su base electoral, firmemente antiperonista, y convencido de que la prioridad es la lucha contra la corrupción. Pareciera un tema de sentido común, que el oficialismo ya lo había ganado en la discusión pública", remarcó el analista.
El diagnóstico luce unánime. Consultado al respecto, el consultor Pablo Romá destacó que "Milei necesitaba avanzar sobre este tema que claramente es una exigencia de sus votantes. Esto alimenta la construcción simbólica de un Gobierno centrado en la lucha contra la 'casta política'".
Para el investigador, el debate luce fuertemente partidizado, ya que "cualquier fuerza antiperonista responde a la retórica de la lucha contra la corrupción, en oposición al peronismo, que ve en esta iniciativa un intento de persecución política".
14 de noviembre 2024, 02:50 GMT
La institucionalidad en duda
Más allá del virtual triunfo del Gobierno con la aprobación de la iniciativa en Diputados, los efectos de la medida podrían trascender a esta y a las posteriores administraciones. Según Burdman, "esto abre las puertas a una judicialización total de la política. Si se sanciona, esta ley puede utilizarse como un arma discrecional para presionar desde los tribunales a cualquier candidato".
"Esto puede dejar huella. La judicialización de la política va a incrementarse, y, como contracara, asistiremos a una generación de políticos más resguardada ante la Justicia, con dudas a la hora de gobernar", remarcó el politólogo.
El potencial costo no se limita al capítulo institucional. Para el experto, la iniciativa podría perjudicar al propio oficialismo. "Creo que a Milei le sirve que Cristina Fernández esté en carrera, para polarizar con ella en las elecciones. Sin embargo, está claro que el Gobierno tiene que responder a las demandas de una base electoral antiperonista", consideró.
"No estoy seguro de que haya un consenso, pero todo indica que Milei necesita a Cristina para nuclear a todo el antiperonismo y lograr consolidar su poder", concluyó Burdman.
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