Javier Milei cambió la motosierra por la "lapicera": a fuerza de vetos y decretos presidenciales, el mandatario promete continuar con el ajuste fiscal y la reducción del Estado. El mandatario argentino confirmó que apelará a las facultades del Ejecutivo para cerrar más de 50 organismos nacionales para profundizar su cruzada contra el déficit fiscal y la deficiencia que denuncia contra el sistema público.
"Ahora sigue la motosierra", declaró el presidente durante una entrevista televisiva en la que confirmó que avanzará sobre aquellos organismos que "cumplen las mismas funciones o similares entre sí".
La iniciativa —cuya confección técnica quedará en manos del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Frederico Sturzenegger— emula el rumbo adoptado por Donald Trump en Estados Unidos bajo la supervisión del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk.
La continuidad del ajuste fiscal no se da exclusivamente por el contenido del anuncio, sino también por la forma: la apelación a herramientas como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ha sido un común denominador durante el primer año de gestión del libertario. Al calor de este tipo de recursos extraordinarios, el Ejecutivo se atribuyó facultades propias del Congreso.
De un "plumazo"
La tendencia inició apenas Milei asumió la presidencia: el 20 de diciembre de 2023 fue publicado el mega DNU 70/2023, mediante el cual derogó y modificó más de ochenta leyes y, entre otras disposiciones, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.
Más que una excepción, el instrumento se convirtió en regla. Poco tiempo transcurrió hasta que el mandatario emitió nuevos decretos que —amparados en una virtual situación de "urgencia"— reformó el sistema nacional de inteligencia, el de telecomunicaciones y hasta el de jubilaciones y pensiones.
Naturalmente, la discusión escaló hasta el Parlamento, aunque sin mayor efecto: si bien el Congreso dispone de la facultad de derogar este tipo de iniciativas, solamente rechazó el polémico decreto que buscaba otorgar una partida de 100 millones de dólares extras a los fondos reservados —que no rinden cuentas- de la opaca Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En cambio, el DNU 70 —la "carta magna" libertaria— solamente fue rechazada por el Senado, pero sigue vigente dado que duerme el sueño de los justos en la Cámara Baja.
Además de los ejemplos citados, el Ejecutivo dispuso decretos para disolver organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o Unidad la Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, encargada de la búsqueda por restituir la identidad de hijos de los desaparecidos por la última dictadura, que fueron apropiados por los militares.
El Ejecutivo no se limitó a esquivar al Congreso para legislar sin su aprobación, sino que fue por más: en dos instancias, el presidente vetó leyes aprobadas por el parlamento, bajo el argumento de que comprometían el mentado equilibrio fiscal que el Gobierno buscaba mediante el ajuste del gasto. De este modo, el mandatario frenó los aumentos dispuestos por ley para el presupuesto universitario como para las jubilaciones, ambos en mínimos históricos.
¿Un Congreso devaluado?
"La medida es formalmente válida, pero no es sana para la democracia, porque no se puede esquivar permanentemente al Congreso. Más allá de la retórica del Gobierno, está claro que el presidente quiere saltear al Congreso", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta.
Según el analista, el mandatario "decidió que sus decretos son una moneda corriente para pasar por encima del Parlamento, pero es importante destacar que parte del pacto democrático consiste en que las leyes son producto de un debate entre los partidos políticos".
"Se fortaleció mucho la lapicera presidencial: más que un instrumento ocasional, ahora es un recurso constante de un Gobierno que sigue estando en minoría en el Congreso. Y esta responsabilidad alcanza también a la oposición, que no debería tolerar este tipo de prácticas", remarcó el experto.
"Inseguridad jurídica"
Más allá de las valoraciones subjetivas, Giorgetta apuntó que la recurrencia a recursos extraordinarios puede resultar perjudicial para el Gobierno, incluso en sus propios términos. "El país necesita dólares y, para que vengan inversiones, es fundamental garantizar la seguridad jurídica. Esquivar al Congreso no es lo más sostenible: los inversores saben que un decreto puede ser derogado mediante otro decreto, en caso de que haya un Gobierno de diferente signo político", destacó.
En ese marco, el investigador afirmó que "el ajuste a punta de decretos y vetos no luce tan sostenible, porque no hace más que acumular tensiones con un Parlamento que, si bien acompañó los vetos, se ve cada vez más desdibujado".
"Este tipo de iniciativas atenta directamente contra un objetivo central del Gobierno: conseguir divisas que respalden su programa económico. El problema cada vez más evidente es que las inversiones no se decretan desde un despacho", precisó el consultor.
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