El Ministerio del Interior intenta deportar a Marruecos a un grupo de personas de origen saharaui que permanecen retenidas desde principios de septiembre en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas en Madrid, luego de serles denegadas sus peticiones de protección internacional.
Se trata de una treintena larga de solicitantes de asilo por motivos políticos, algunos de las cuales iniciaron una huelga de hambre a mediados de mes. Varias mujeres y dos niños de corta edad figuran entre los integrantes del grupo. La mayoría de las peticiones de asilo ya han sido denegadas, por lo que se da paulatino inicio al proceso de expulsión de los solicitantes.
Pero dado su rechazo a ser deportados a Marruecos, donde, dicen, su vida corre peligro, el día 30 los primeros se negaron a ser embarcados de vuelta y no llegaron a apearse del vehículo policial que les trasladaba por la pista de despegue a un avión. De resultas, se les devolvió a las dependencias de asilo del aeropuerto. Este tipo de situaciones no son extrañas y, cual protocolo, los propios comandantes de las aeronaves acuerdan tal desenlace, en aras de la seguridad aérea.
Varios abogados particulares han asumido la gestión de tramitar las solicitudes de asilo, especialmente tras ser rechazadas, para iniciar de nuevo el procedimiento. Uno de ellos es Eduardo Ranz, célebre por lograr en 2016 que un juez fallara a favor del derecho a exhumar las víctimas republicanas del franquismo que están enterradas en el Valle de los Caídos, el antiguo mausoleo del dictador Francisco Franco.
Ranz asiste a cinco saharauis procedentes de Marrakech, cuyo perfil "es clarísimo", pues todos son jóvenes, dos de ellos universitarios, que fueron detenidos tras participar en manifestaciones pacíficas en defensa de sus derechos y posteriormente amenazados, ellos y sus familias, tras su puesta en libertad.
El principal argumento para rebatir la denegación de las peticiones de asilo es la posible vulneración de derechos contemplados en la Carta de Naciones Unidas, en particular la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, un ordenamiento al que España está adherida.
El Ministerio del Interior denegó las solicitudes aun cuando estas personas, muchas procedentes de El Aaiún, en territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, están aportando pruebas de su condición de perseguidos políticos, como videos de sus detenciones, fotografías de las lesiones producidas e incluso las copias de las órdenes de arresto, como explicó a los medios locales la abogada Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España y que ha asumido el caso de cinco de los retenidos.
Interior se escuda en la imposibilidad de constatar que los solicitantes sean fehacientemente personas de origen saharaui. De hecho, como reconoce El Galia, "algunos colonos marroquíes aprovechan la causa para migrar". Así que, lo primero que hace esta abogada es solicitar a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) un certificado que acredita su identidad y origen, y que solo se expide "para los ciudadanos saharauis".
Huelga de hambre
A partir del 21 de septiembre, varios de los solicitantes iniciaron una huelga de hambre para atraer la atención de las autoridades españolas sobre su "deber" de prestación de asilo político, y sobre las deficientes condiciones de salubridad de las dependencias donde se hallan retenidos.
"Hay una denegación absolutamente generalizada de todas las solicitudes", declaró a Canal Red otra abogada, Fátima Fadel, que entiende que "no se han respetado todas las garantías procesales del derecho de asilo".
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) critica los intentos de deportación y recomienda a España autorizar la entrada en el país de estas personas para seguir atendiendo el procedimiento de sus peticiones de asilo y apatridia. Según el medio El Diario, que tuvo acceso al documento dirigido al Ministerio del Interior, ACNUR también se hace eco del caso de Alí Hamou, de 30 años de edad y sordomudo. Padece cáncer y, según su abogada, Marruecos le niega la atención médica "por su condición de activista".
El Gobierno español afirma estar en "comunicación, coordinación y cooperación permanente" con ACNUR. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que cada caso se estudia "individualmente" y recordó que es también el "poder judicial" quien decide en última instancia.
"La resolución que se dicta es la resolución que se entiende desde un punto de vista de aplicación estricta del derecho internacional y del derecho humanitario en relación a ser o no acreedor de la protección internacional, conforme al convenio de Ginebra", explicó Marlaska en rueda de prensa el 1 de octubre al término de la reunión del Consejo de Ministros.
A través de un comunicado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pide que se paralicen las deportaciones y se permita la entrada al país por razones humanitarias, dado que su entrega a Marruecos "podría poner en grave riesgo sus derechos y sus vidas". Esta ONG destaca que, al provenir de los territorios ocupados por Marruecos, las solicitudes de apatridia "se deben estudiar de forma pormenorizada, no siendo posible en los breves plazos del procedimiento en frontera".
"Merecen por lo menos la entrada por razones humanitarias, para analizar cada expediente en profundidad. Y más allá de las solicitudes de asilo, están las solicitudes de apatridia, pues más del 98% de las que se conceden son de personas saharauis", explican a Sputnik en CEAR.
"Es una cuestión de voluntad política con un pueblo perseguido con el que tenemos una deuda histórica", afirma en el comunicado Mauricio Valiente, director de CEAR, que recuerda que el Gobierno español dispone de herramientas legales para "garantizar los derechos y las vidas de estas personas".
¿Una nueva condena a España?
Las condiciones de los activistas saharauis en el aeropuerto de Barajas merecieron también la atención de asociaciones judiciales y diversos parlamentarios, quienes ya el día 23 intentaron acceder a la terminal 1 del aeropuerto de Barajas para comprobar su estado y denunciar la "situación inhumana" por la que atraviesan.
Así lo manifestó Ione Belarra, secretaria general de Podemos, a quien la Policía Nacional impidió el paso a la sala de inadmitidos. Molesta por haberse obstruido lo que, entiende, era una acción de "control al Gobierno", Belarra lamentó la "hipocresía" del Ejecutivo español, donde "nadie denuncia las vulneraciones de derechos humanos en Marruecos" ni tampoco se enfrenta a él, dado que es "un aliado estratégico en materia migratoria".
Posteriormente, a petición de otros partidos como EH Bildu, Sumar, ERC, BNG y el propio Podemos, el Ministerio del Interior accedió a permitir en el aeropuerto una visita de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la tarde del 30 de septiembre. Finalmente, por "razones organizativas", la pospuso sine die.
"¿Autorizarán la visita una vez de haber deportado a los ciudadanos saharauis?", se quejó en la red X Jon Iñárritu, diputado del partido soberanista vasco EH Bildu.
Hay que recordar que la situación creada recuerda mucho a la acaecida en 2011 con la deportación de otra treintena de saharauis retenidos en un centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la isla de Fuerteventura (Canarias), tras la denegación de su solicitud de protección internacional.
Años después, en 2014, el Tribunal Europeo de Estrasburgo falló que España había violado el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por no disponer de un mecanismo legal que pudiera paralizar de forma automática la expulsión de solicitantes de asilo hasta que la decisión fuera definitiva.
Es decir, España tenía que haber garantizado la permanencia de los solicitantes en suelo español mientras no finalizaran los trámites y los recursos. Y ahora, se ha intentado proceder a la expulsión aun cuando los interesados interpusieron un recurso frente a la denegación inicial del asilo.
Marruecos ya frena avalanchas
En marzo de 2022, Pedro Sánchez dirigió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos en la que expresaba su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, dando así un giro histórico a la posición tradicional del PSOE al respecto de esta problemática. A cambio, el control fronterizo marroquí se volvió más efectivo y no se volvieron a producir crisis migratorias como los asaltos a la valla de Ceuta en 2021.
En fechas recientes, por ejemplo, los fuertes despliegues de la gendarmería marroquí y una ola de detenciones previas terminaron por frustrar el asalto masivo de cientos de inmigrantes irregulares a la valla que delimita Marruecos de ese enclave español en el norte de África. Aún así, 16 jóvenes lograron entrar en España a nado.
La acción abortada respondía a un llamamiento en redes sociales a traspasar la frontera española el 30 de septiembre, a semejanza de lo ocurrido el día 15, cuando se orquestó un primer intento de saltar la valla o llegar a nado a la playa ceutí del Tarajal, igualmente repelido. En ambas ocasiones, la construcción de zanjas y el empleo de material antidisturbios en el lado marroquí, así como el cierre de los accesos y un incremento de la vigilancia en lado español, desbarataron en buena medida la tentativa.
Mediante una labor previa de inteligencia a cargo de la Dirección General de Seguridad Nacional del país magrebí, se logró detectar el origen de las incitaciones a cruzar la frontera. Según la prensa marroquí, las autoridades revelaron que la mayoría de los detenidos tenían antecedentes penales por fraude, estafa y robo, hecho que, supuestamente, podría explicar la promoción mediática de este tipo de flujo migratorio.
La colaboración entre los gobiernos español y marroquí es clave para el control de la migración irregular. Las veces que Rabat deja de colaborar, el flujo puede devenir incluso en avalancha. Así sucedió en mayo de 2021, cuando la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prestar atención hospitalaria en suelo español a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, desató la ira de su vecino del sur en forma de laxitud en los controles fronterizos. Pero desde que España reconociera como válido el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí, los flujos descontrolados desde este país remitieron.
Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, reunidos en Nueva York
© Foto : Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
En septiembre, con motivo de su asistencia al 79.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Pedro Sánchez sostuvo en Nueva York un encuentro bilateral con su homólogo marroquí Aziz Akhannouch, con quien corroboró "el magnífico estado de las relaciones bilaterales, las mejores en décadas", tal y como expresó el servicio de Prensa de Presidencia de Gobierno.
Los temas abordados atañeron a la "gestión de flujos migratorios", a la apuesta por una migración "ordenada y segura", y a la organización conjunta, también con Portugal, del Mundial de Fútbol de 2030.
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