"Te sientes perdido, sin identidad": los apátridas en España piden agilizar su situación legal
08:30 GMT 08.12.2021 (actualizado: 22:04 GMT 01.06.2022)
© AFP 2023 / Stringer
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Las personas que no pertenecen a ninguna nación reconocida han de realizar un periplo burocrático para conseguir un documento. Luego tienen que esperar para obtener la residencia y tener derecho a trabajar, al sistema sanitario o a viajar fuera del país.
Ali Ibrahim tiene 28 años y se considera "hijo del desierto". Allí fue concebido, en medio de las jaimas que pueblan el campamento de Tinduf. Creció en este enclave argelino después de que sus familiares huyeran de su tierra, el Sáhara Occidental. Desde el abandono de España y la ocupación de Marruecos, en 1975, su nación no está reconocida más que por 88 países. En el resto, carece de este arraigo institucional. Se le considera, en resumen, un apátrida. Aunque él sepa que sus raíces son saharauis y su familia posea pasaporte español. Una quimera en su caso difícil de alcanzar: necesita, al menos, obtener ese estatus, que no encaja ni en el de inmigrante irregular ni en el de refugiado ni en el de búsqueda de asilo.
Ser apátrida significa, en sus palabras, "no tener derecho a nada". Como no eres ni ciudadano de un lugar ni de otro, los trámites se retuercen. Ali Ibrahim, sin embargo, hoy respira más tranquilo. Gracias a la relación que ha tenido toda la vida con España, ha terminado en Alicante con una tarjeta de residencia. Pero no ha sido un camino fácil: a los veranos que pasaba con una familia de adopción dentro de un programa solidario se le suman las horas en diferentes organismos para conseguir un papel, cualquiera, que le permita vivir con cierta normalidad.
Sin una nacionalidad, las personas apátridas son excluidas de la educación, la atención médica y el acceso a empleos legales. Se les priva de sus derechos humanos básicos.
— Naciones Unidas (@ONU_es) November 7, 2021
Todos tienen derecho a decir #YoPertenezco. https://t.co/q4rzUKXQK4 vía @ACNURamericas pic.twitter.com/OJ7yAMEn2t
"Me ha llevado mucho sufrimiento, mucha pelea", confiesa Ali Ibrahim, que narra ese periplo paso a paso. Solicitó ser considerado apátrida, para lo que hay que rellenar un cuestionario y esperar la aceptación. Luego (varios meses) se le expidió la tarjeta verde en la que figura este reconocimiento. Un "papel" que "no sirve ni para trabajar, ni para tener sanidad, ni para moverse libremente". A partir de ahí entra la segunda parte: lograr algo que te incluya, aunque sea de refilón, en la ciudadanía española. Lo que él tiene: un permiso de residencia por cinco años, prorrogable. De ahí que, por fin, pueda estudiar un curso de márquetin digital en esta ciudad mediterránea o visitar a sus cinco hermanos y padres en Argelia.
Un lujo que a Ali Ibrahim le parecía una quimera. Cada actividad cotidiana era un laberinto judicial. Era rememorarle que no tenía sitio en el mundo. "Te sientes perdido, como si no valieras nada", indica a Sputnik. "Estoy muy agradecido al estado español por lo que me ha ofrecido, pero sí pediría que el proceso fuera más fácil. Que se agilice para la gente en esta situación, que lo pasaba mal donde vivía y lo sigue pasando mal donde ha llegado", alega.
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Remarca Ali Ibrahim su suerte, pero subraya la "deuda" de España con el Sáhara: "Es especialmente llamativo que sea este país, del que éramos provincia, quien no nos reconozca", lamenta. De hecho, es esa nacionalidad la mayoritaria en tramitar este tipo de petición. Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio, perteneciente al Ministerio de Interior, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, se ha concedido el estatus de apátridas a un total de 178 personas de las 438 solicitudes. 173 de los reconocidos son saharauis. Ese mismo porcentaje abrumador era el de los 1.803 apátridas aprobados en 2020.
"En España, casi todos son del Sáhara, pero puede haber de otros sitios", comenta Hassina Khadad, también nacida en Tinduf hace 34 años. Quien fue apátrida después de un "periplo migratorio muy difícil" es ahora abogada para CEAR (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Valencia. Khadad ayudó a Ali Ibrahim con el bagaje que le brinda no solo ejercer este oficio sino saber los "problemas" de quien es refugiado, exiliado y apátrida. "El primer obstáculo es que no tiene una ley propia. La apatridia está regulada en un Real Decreto, el número 865/2001", explica a Sputnik. Así como hay una regulación para las diferentes opciones de estancia en un país, el de quien "carece de nacionalidad", tal y como lo define la Real Academia de la Lengua, es un apéndice que proviene de la Convención del Estatuto de los Apátridas de 1954.
Grande-Marlaska visita las instalaciones de la Oficina de Asilo y Refugio del @interiorgob
— Ministerio del Interior (@interiorgob) December 2, 2021
➡️El ministro felicita a todo el equipo por el esfuerzo que ha permitido reducir en más de un 40% el número de solicitudes de protección internacional pendientes
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Fue aquel año cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó en Nueva York un texto en el que se designaba quién era apátrida —toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación— y se establecían ciertos deberes y derechos. Desde entonces, los gobiernos han ido incluyéndolo. "En España, hasta 2019 había que rellenar un formulario muy complicado y el resguardo que se expedía no llevaba ni foto", rememora Khadad. La letrada puntualiza que algo ha mejorado:
"Ahora son cuatro hojas y no 16, pero se sigue estando sin las mismas garantías que otros estatus. Por ejemplo, con la tarjeta verde no puedes hacer nada y la roja de asilo sí permite trabajar", apunta, remitiendo el documento oficial a rellenar.
"Para conseguirlo hay que esperar mucho", esgrime, enumerando cada etapa: quien llega tiene que ir a una comisaría y formular la petición. Luego, en lo que se supone que sería un plazo de tres meses, se da la aprobación o no. Y a partir de ahí se puede tener la residencia de cinco años e ir ampliando. "Lo que ocurre es que los tres meses se convierten en dos años, y durante ese tiempo no se puede hacer nada", insiste quien ve la solución con una mayor celeridad en la administración y elaborando una norma exclusiva. "Es lo más urgente", clama la abogada, que matiza cómo no todos los saharauis son apátridas: "A los que se quedaron en los territorios ocupados se les considera marroquíes a pesar de que esa nacionalidad se les impuso contra el derecho internacional", apunta.
4 de noviembre 2015, 01:23 GMT
Lo es para aquellos que se marcharon al desierto, como Ali Ibrahim. En el éxodo perdieron su adhesión a un país, como si la hubieran "rechazado". "En España, lo normal es que suceda con los saharauis, pero hay otros casos", advierte Neivy Tolentino, abogada especialista en extranjería radicada en Madrid. Cuenta la profesional cómo lleva casos de gente de Brasil u otros territorios y cómo funciona, por ejemplo, en su país de nacimiento, República Dominicana. En esos lares, la mayoría procede de Haití, aunque la ley brinda la posibilidad de nacionalizarles.
"Cambia de un sitio a otro, pero lo normal es rellenar un formulario donde se recojan datos de los ancestros, de las circunstancias del solicitante, etcétera", resume a Sputnik. Hasta ese cambio, en España se hacían preguntas que "no sabía contestar nadie". Una queja que han señalado desde organizaciones como ACNUR (la agencia de la ONU para refugiados) hasta CEAR.
Nuestra compañera @_elenamunoz_ recordó en el @telediario_tve la situación de las personas apátridas, a quienes se les priva de derechos fundamentales como trabajar, estudiar o viajar. "Es la negación de derechos más absoluta". pic.twitter.com/mTsqKfR8eM
— CEAR (@CEARefugio) November 30, 2021
En varias notas de prensa enviadas a Sputnik, sus portavoces critican lo "enrevesado" del asunto para personas que, a veces, no conocen ni el idioma. Lo hacen, expresaba este mismo año Lourdes Navarro, coordinadora de Políticas y Campañas de la asociación en Sevilla, "sin una nacionalidad reconocida, que es el reconocimiento básico y fundamental para que pueda ejercer y tener derechos".
Navarro incidía en que quedan "lagunas legales" y en que "quienes solicitan el estatuto de apátrida tienen acceso a las mismas prestaciones sociales que quienes solicitan asilo, pero no es un derecho especificado en su reglamento". Igual de Khadad, desde CEAR piden que se faciliten los trámites y que, en el caso del Sáhara, se elimine esa herida histórica. "Éramos la provincia número 53 y ahora ni nos reconocen", alega. El desierto del que provienen, ese en el que cada jornada era "una lucha", es, en Europa, administrativo. "En 2020, con la pandemia, se aceleraron los trámites, porque bajaron las solicitudes. Pero volvemos a estar igual, a la espera", suspira.
