La reunión en Roma del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvo lugar el 19 de septiembre, apenas un día después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS) constatara en una encuesta que la inmigración es ya el problema que más preocupa a los españoles.
Según los datos del CIS, hasta un 30,4% de la población española cita a la "inmigración" como el "principal problema" del país. Nunca antes esta variable se había detectado en el primer lugar, donde la tradicional gran preocupación, el desempleo, queda ahora relegada a la tercera plaza, superada también por los "problemas políticos en general". En la anterior encuesta, publicada en julio, la inmigración era la cuarta preocupación (16,9%). Y un año atrás, ubicada en el 16.º puesto, apenas preocupaba al 5,7% de los encuestados.
Este contexto ayuda a explicar el hecho de que la cuestión migratoria haya penetrado de manera decisiva en el debate público y en los discursos políticos. Como resultado, la inmigración irregular parece marcar las agendas institucionales de los partidos políticos y tal vez ahí quepa ubicar la visita de Núñez Feijóo a Meloni, que él mismo justificó por su deseo de conocer de primera mano su política en materia migratoria. "Es mucho más sensata que el señor Sánchez", dijo.
"En Italia ha disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por lo tanto, la política migratoria en Italia funciona y en España, no", aseguró Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al encuentro, acompañado del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.
El líder del PP defendió una política migratoria "sin etiquetas ideológicas ni excusas", guiada por el respeto ante la inmigración regular, pero "contundente" con la irregular y en lucha contra las mafias que trafican con personas "para hacer negocio e incentivar la migración irregular". "No es un asunto ideológico, sino de Estado", declaró Núñez Feijóo, que pidió a Meloni impulsar una "alianza del sur de Europa".
¿Consecuencia de un blanqueamiento progresivo?
En principio, el Partido Popular venía cuidándose de asumir posiciones cercanas a Meloni en materia migratoria, similares también a las que defienden sus rivales de Vox, una línea roja de connivencia que no desea traspasar.
Pero los elogios en las últimas semanas de Feijóo, que no pudo investirse como presidente del Gobierno español aun siendo el candidato más votado en las elecciones de 2023, a la política de la italiana, consumados oficialmente en Roma, suponen un acercamiento a estos planteamientos, pues cree que "funcionan".
El líder conservador español aduce asimismo que el nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, también ha mostrado interés por estas fórmulas. Además, la sintonía mostrada se produce en un contexto en el que Giorgia Meloni se encuentra a la cabeza del partido Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia), en teoría considerado como heredero del fascismo mussoliniano, que se ha integrado de plano en el armazón de la UE, donde ha logrado que Ursula von der Leyen incluya a uno de los suyos, Raffaele Fitto, a la cabeza de una de las vicepresidencias de la Comisión Europea (CE).
En este punto, cabe preguntarse si el nombramiento de Fitto responde también a una expresión del blanqueamiento de la extrema derecha en el seno de la UE, como precio de la necesidad de contar con sus apoyos. Para Paloma Román, profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tal blanqueamiento "existe" y se escenifica con ejemplos.
"Lo vimos el mismo día en otro foco: en el Europarlamento, durante la votación que se llevó a cabo por el caso de Venezuela. Allí desapareció el famoso cordón sanitario a la ultraderecha", explica Román a Sputnik, en referencia al pleno que aprobó reconocer a Edmundo González como "presidente electo de Venezuela", si bien de manera no vinculante.
Recordamos que tal iniciativa fue posible luego de cosechar los votos a favor de todos los grupos de derecha radical y extrema, sin los cuales la propuesta, promovida por el grupo del Partido Popular Europeo, no habría obtenido los apoyos necesarios.
La política migratoria de Meloni
Las medidas que aplica el Gobierno de Giorgia Meloni incluyen la externalización de la acogida temporal de inmigrantes, la suscripción de acuerdos con los países de salida y un endurecimiento de las condiciones en las que operan las ONG que rescatan a migrantes en el mar Mediterráneo.
Entre las medidas destaca la construcción en Albania –que no pertenece a la UE– de dos centros de identificación y acogida temporal para solicitantes de asilo, adonde se les derivará una vez llegan a Italia. Tendrán una capacidad mensual para albergar a unas 3.000 personas. Es decir, 36.000 al año. La medida cuenta con el visto bueno de la UE, aunque se desconocen las condiciones reales de permanencia en el centro hasta que, pasado un mes, se tramite cada petición de asilo.
Sin embargo, la medida que ha frenado las llegadas a Italia es la suscripción de acuerdos con Túnez, el principal punto de salida de migrantes hacia el país transalpino. Meloni firmó en julio de 2023 el compromiso de realizar grandes inversiones en este país magrebí, a cambio de incrementar los controles de salida. El acuerdo contó también con la firma de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del entonces primer ministro holandés, Mark Rutte.
En virtud de este acuerdo, las autoridades de Túnez reprimen a los migrantes, que son trasladados de nuevo al desierto, y su guardia costera aborta los intentos de cruzar el mar. Datos de Frontex indican que 41.250 personas acometieron esta ruta hasta el 31 de agosto, en comparación con las 114.000 que lo consiguieron durante el mismo periodo en 2023. En contraste, los flujos irregulares hacia las islas Canarias (España) se incrementaron un 123% (25.524 personas) en el mismo espacio de tiempo, según muestra el informe quincenal del Ministerio del Interior.
Por otro lado, la política italiana de "puertos cerrados" obstaculiza y limita las acciones de rescate marítimo de las ONG, a las que se les obliga a informar previamente de sus rescates y a las que se les asigna puertos lejanos para el desembarco de migrantes. Por estar en conflicto con el derecho internacional humanitario, el Consejo de Europa y la ONU ya pidieron a Meloni que se abstenga de aplicar estas medidas. La justicia italiana incluso ordenó suspender el bloqueo del barco humanitario de Médicos Sin Fronteras, anclado durante 60 días.
Clave de los discursos en competición
En un contexto en que la UE incorpora a su estructura de mando ejecutivo a un miembro de Fratelli d’Italia con toda naturalidad, no es extraño que el PP intente en España disputar espacios políticos mediante un discurso hasta ahora atribuido casi en exclusividad a la ultraderecha. ¿Cabe entonces deducir que el tema de la inmigración va a ser clave de cara a próximas citas electorales?
A juicio de Román, es cierto que el PP adhiere ahora a planteamientos propios de la ultraderecha para intentar "arrancar votos" entre los sectores de población más radicalizados. Y en este punto, hay que recordar que no solo Vox defiende medidas semejantes a las de Fratelli d’Italia, sino también Se Acabó La Fiesta (SALF), la agrupación de electores liderada por Alvise Pérez y que cuenta ya con tres eurodiputados.
"Allá donde haya una competición electoral, la cuestión migratoria va a ser clave. Por tanto, y desde esta perspectiva, es una apropiación con miras electorales", explica Paloma Román, que recuerda que la inmigración legal, la regulada, crea igualmente una situación "enormemente restrictiva" para sus solicitantes.
Pero el combate contra la inmigración irregular, añade esta politóloga, es una "bandera" que la extrema derecha siempre enarbola "en su lucha contra los otros frente al nosotros".
Resta por ver si el propio Gobierno español terminará por contagiarse de esta atmósfera, que en casos extremos puede generar decisiones inusuales. Así sucedió el 10 de septiembre en Alemania, cuando el Gobierno de Olaf Scholz resolvió establecer controles temporales en todas sus fronteras y violentar así lo estipulado en el acuerdo Schengen en materia de libre circulación de personas, luego de atender a la tensión suscitada por el atentado islamista del 23 de agosto en la ciudad de Solingen, que parte de la opinión pública vinculaba, de alguna manera, a la inmigración irregular.
"El Gobierno español tiene ahora bastantes problemas sobre la mesa. Y en este plano, lo más acuciante es arreglar la situación interna en las islas Canarias", afirma Román, en alusión tanto a la llegada constante de inmigrantes irregulares como a la falta de acuerdo a nivel político para repartir a los menores de edad por otros territorios de España.
En cualquier caso, el impacto mediático de las noticias asociadas a la inmigración, que son "portada diaria de los noticieros", es lo que en última instancia provoca el espectacular aumento de la preocupación que registra el CIS en torno a esta cuestión, asegura esta politóloga.
El dilema inevitable de atender al mismo tiempo la necesidad de ordenar el flujo migratorio y la obligación de prestar socorro humanitario a quien está a punto de perecer, se ha convertido, en opinión de Paloma Román, "en la diana" en la que intentan hacer blanco las fuerzas de derecha. "Y no tanto por el hecho en sí, sino por el efecto de rebote que puede tener en las estrategias de oposición interna en cada país", concluye.
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