De acuerdo con la nueva legislación aprobada en la Cámara de Diputados, la figura de los jueces sin rostro fue integrada en la fracción X del apartado A, del artículo 20 de la Constitución. La adición fue impulsada por el partido oficialista Morena y sus aliados. Y aún falta que sea aprobada por el Senado.
"Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, se lee en la iniciativa.
La instauración de los jueces sin rostro fue una propuesta específica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en diferentes ocasiones planteó que debería existir una figura en la nueva ley que brinde protección para jueces que tienen que resolver casos sobre delincuencia organizada.
Días antes de la aprobación, este mecanismo no estaba presente en la propuesta de la reforma al Poder Judicial, por lo que el pasado 20 de agosto, López Obrador pidió al Poder Legislativo presentar una propuesta.
"Hay algo que debe tener la reforma, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos. Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca […] buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”, dijo el mandatario el 20 de agosto.
Aunque se supone que esta figura está pensada para cuidar a los jueces que impongan sentencias contra alguna persona relacionada con un caso sobre crimen organizado —lo cual podría poner en peligro sus vidas—, varias organizaciones y expertos se han opuesto a ella porque podría violar los derechos humanos de las personas juzgadas, quienes podrían incluso ser inocentes debido a la gran escala de corrupción que existe en México desde los niveles policiales más bajos.
"Los llamados 'jueces sin rostro' violan el derecho humano de inmediación. Una persona que está siendo juzgada por lo menos debe ver quién lo está juzgando, en persona. El derecho de inmediación establece que el juez y todas las partes deben estar presentes al momento que se realice el proceso, por lo menos el juez, el órgano acusador y la defensa", explica en entrevista con Sputnik Pablo Abdias Pedroza, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos.
El pasado 27 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se expresó en el mismo sentido y consideró que se debe proteger a los jueces sin vulnerar el derecho a un juicio justo.
"La figura de jueces sin rostro impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial", publicó en su cuenta de X la ONU-DH México.
Abdias Pedroza insiste en que el sistema judicial mexicano no se presta para esa figura, pues en él existe mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos.
"No estamos en un sistema de justicia penal donde se preste para jueces sin rostro, porque si así hay mucha arbitrariedad respecto de la resolución de los procesos, imagínate los jueces escondidos y que no se sepa quién emitió la sentencia, o cómo se sentenció. No es tan viable esta propuesta", agregó.
Jueces, bajo acecho
Recientes estudios realizados por la organización México Evalúa y el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de derecho (IFED) revelan que el personal litigante y juzgador que labora en el país es víctima de amenazas, ataques e incluso son asesinados por realizar su trabajo en un entorno de violencia.
México Evalúa señala que, a partir de una revisión hemerográfica, dada la carencia de registros oficiales, encontraron que hay 15 casos de personas juzgadoras asesinadas entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal, lo que da un total de 17 jueces asesinados en poco más de una década.
"Los causantes de las agresiones hacia el personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local", se lee en el informe.
Los estudios también revelan las amenazas y agresiones a las que se enfrenta el personal relacionado con los juicios y procedimientos legales.
“El 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que respondieron en este sentido 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales)”, agregan las organizaciones.
El caso Colombia
La figura del tribunal sin rostro, o también denominado jueces sin rostro, fue creada en Italia, donde se implementó durante los juicios contra las mafias locales. También se ha utilizado en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori; en Brasil, donde fue aprobado por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro en 2019, y en Colombia durante la década de 1990 para juzgar a jefes del narcotráfico.
"Fue una medida que se tomó hace unos años exactamente sobre la década de los 90, cuando fue la guerra en contra del narcotráfico. En esa época se tomó esa esa decisión debido a que el sistema judicial colombiano estaba muy permeado por el narcotráfico y eso hacía fácil la manipulación a los jueces", explica en entrevista con Sputnik Felipe Mendoza, analista y consultor político colombiano.
Mendoza asegura que esa medida no es recordada con cariño en Colombia, pues se presentó en un contexto de mucha violencia y, además, dotaba de un fuero y un blindaje especial a los juzgadores frente a sus decisiones.
"La medida no se recuerda con mucho cariño aquí en el país, precisamente porque, primero, le da la posibilidad a cualquier juez de tener un fuero y un blindaje especial frente a sus decisiones, pero también de protegerlos frente a lo que estaba pasando en la coyuntura de violencia”, agrega el analista.
Sobre su posible implementación en México, Mendoza considera que evidenciaría la influencia que tienen los actores ilegales en el sistema judicial, así como la debilidad institucional que registra, pues no puede cumplir con su deber.
"Yo lo veo con la preocupación de todo lo que pasó en Colombia, como un espejo y como reflejo de entender la justicia sin rostro como una consecuencia de una debilidad institucional y como una fractura del sistema judicial. Hoy, cualquier propuesta donde se genera este tipo de figuras no va a ser positivo", concluyó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.