El presidente, Javier Milei,anunció que vetará la ley que establece un aumento en las jubilaciones, la cual fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría. En una semana de fuertes reveses legislativos para el oficialismo, el Gobierno confirmó que no avalará ninguna normativa que suponga un aumento del gasto público en el marco del fuerte ajuste fiscal desplegado.
En un comunicado, la oficina del presidente confirmó que el proyecto aprobado "tiene como objetivo destruir el programa económico del Gobierno" y anticipó que el mandatario "se comprometió con los argentinos a sostener el superávit a toda costa y así lo hará". Luego, en declaraciones televisivas, el propio Milei denunció que la ley votada "es un atentado directo contra el bienestar de los argentinos y la ruina del país".
El comunicado llega después de la primera gran derrota parlamentaria de La Libertad Avanza. Horas antes, el Senado había convertido en ley un aumento del 8,1% de las jubilaciones, que se sumaría al 12,5% otorgado en enero con el fin de cubrir —de manera retroactiva— la alarmante inflación del 20,6% registrada en aquel mes.
La iniciativa promovida apunta a recomponer parte del poder adquisitivo que perdieron los jubilados, cuyo recorte explica más del 30% del ajuste fiscal dispuesto por el Ejecutivo. En ese sentido, los congresales votaron una subida adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial, para que los haberes previsionales acompañen a los sueldos.
La novedad del caso radica en la contundencia del resultado legislativo. En un hecho inédito en lo que va de Gobierno, la oposición logró reunir más de dos tercios de los votos —constituyendo una "mayoría calificada"— tanto en Diputados como en la Cámara Alta. En esta última, la novedad estuvo dada por el apoyo de la Unión Cívica Radical y del PRO, el partido de Mauricio Macri que hasta el momento había sido un aliado indispensable del oficialismo.
Paradójicamente, fue el propio expresidente Macri (2015-2019) quien afirmó horas más tarde que, pese a que su bloque de senadores acompañó la ley, acompañaría el veto del Ejecutivo. La flagrante contradicción le valió la respuesta de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y hasta hace meses figura destacada del PRO y apoyada por Macri.
El espinoso episodio constituye la primera exhibición del poder de fuego de la oposición. Es que el bloque oficialista de La Libertad Avanza se halla en una marcada minoría tanto en Diputados —con apenas 38 bancas sobre 257— como en el Senado, donde tiene apenas siete de los 72 escaños.
Además, la aprobación de la ley supuso el segundo gran golpe político consecutivo para la Casa Rosada, después de que el Congreso rechazara el decreto presidencial que dispuso el controvertido aumento de 100.000 millones de pesos —74 millones de dólares a tipo de cambio paralelo— en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia destinado a gastos reservados (aquellos que no deben rendir cuentas).
Sin embargo, la historia no culmina con el veto presidencial. El Congreso podrá revertir lo firmado por el presidente en caso de reunir, nuevamente, el apoyo de dos tercios de los legisladores, según indica la Constitución Nacional. En caso de lograr insistir con la ley aprobada, el episodio constituiría la mayor derrota política de Milei en los ocho meses y medio de gestión.
Señal de alerta
"Esta es una derrota legislativa que tiene que funcionar como señal de alerta para el presidente. El Gobierno negoció mal en el Congreso y ahora está pagando el costo de esa mala praxis: la estrategia de atacar a los legisladores y luego intentar negociar con ellos se probó errónea", dijo a Sputnik el analista político Marcos Novaro.
"El veto es un arma de doble filo que puede deteriorar la confianza en el Gobierno. Un presidente que se ve forzado a apelar a esta práctica como herramienta gubernamental es un presidente en problemas", remarcó el experto.
Consultada por Sputnik, la diputada nacional Alejandra Torres —del bloque Encuentro Federal, uno de los impulsores de la ley— consideró que "el oficialismo podría ver esto como una oportunidad para ver que no se pueden imponer las decisiones".
La legisladora enfatizó en que "el Gobierno se equivoca al recortar las jubilaciones en una coyuntura muy compleja. Entre 2017 y 2024, los haberes perdieron más del 40% de poder adquisitivo. Hay que alcanzar el superávit fiscal, pero bajo ningún punto de vista a costa de los adultos mayores".
"Los adultos mayores merecen tener una fórmula de movilidad jubilatoria sostenible y previsible", apuntó Torres.
¿Punto de quiebre?
Uno de las principales interrogantes que orbita en torno a la sanción de la ley remite a si esta puede marcar un antecedente respecto a la debilidad parlamentaria del Gobierno, reflejada en su manifiesta minoría en el Congreso. Lo cierto es que, hasta el momento, el Parlamento había acompañado a Milei en iniciativas claves como la ansiada Ley Ómnibus impulsada por el oficialismo.
Novaró afirmó que el Gobierno "parece haber perdido la iniciativa legislativa". Según el analista, "el interrogante central es si el oficialismo logrará mantener cierto consenso en el Congreso. Hay diputados que prefieren darle tiempo a Milei, y por eso hasta ahora no había habido fuertes iniciativas contra el Ejecutivo".
Al respecto, Torres reconoció que "hasta el momento nosotros hemos tenido una conducta dialoguista, apostando a iniciativas del Gobierno, pero conscientes de la situación social en el país. Esto demuestra que, cuando hay diálogo político, la oposición puede poner un freno a determinados atropellos del Poder Ejecutivo".
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